Un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) será el encargado de resolver la disputa entre los gobiernos de Costa Rica y China por la cancelación del proyecto para la construcción y operación de una refinería de $1,5 mil millones en puerto Moín.
Tres serán los árbitros que llevarán a cabo este proceso con sede en Londres y que citarán a los testigos. Sin embargo, no será obligatorio trasladarse hasta allá, sino que las audiencias podrán realizarse en China o en Costa Rica, con cita previa.
“La ICC brinda un procedimiento arbitral de mejor calidad, en el cual se cumple con todos los protocolos y nunca se violenta el debido proceso. Además, se establecen cláusulas de confidencialidad para los árbitros, de manera que no incurran en declaraciones que puedan afectar la investigación”, aseguró Jorge Manuel Chacón, presidente de la Comisión de Arbitraje Internacional.
Con este laudo, se terminaría una historia que comenzó en 2009, cuando se creó la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco), una empresa compuesta por Recope y la Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI), con un fondo de $100 millones, capital dividido entre las dos firmas.
Sin embargo, la intención de crear una refinería china fue frenada por la Contraloría General de la República en junio de 2013 al descubrir un conflicto de intereses.
Esto, debido a que el primer estudio de factibilidad o viabilidad de la inversión lo hizo la empresa china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, subsidiaria de CNPCI.
Es necesario indicar que este arbitraje no tiene ninguna vinculación con las averiguaciones que realiza Emilia Navas, fiscal general.
Ambas investigaciones caminarían de forma paralela y el Ministerio Público averigua si existen posibles delitos de peculado, influencia en contra de la Hacienda pública, prevaricato e incumplimiento de deberes.
