El resultado excedió toda expectativa. Se crearon empleos para las ensambladoras y los intercambios con nuestro vecino se multiplicaron. Se expandió la inversión en nuestro país, no sólo la norteamericana, sino también la europea y asiática. El proceso penetró las actividades manufactureras, bancarias, de servicios tecnológicos y comerciales hasta el grado que sectores críticos quedaron definidos por intereses extranjeros que materializaron las vastas oportunidades que el TLCAN les brindó.
El que la balanza comercial de México resultara habitualmente negativa, no inquietó a las autoridades financieras mexicanas que veían cómo la apertura del mercado dictaba que las importaciones de componentes e insumos, aunque redujeran el contenido nacional de nuestras manufacturas, se incorporaban a la pujante corriente de exportación. Hoy en día, nuestras ventas al exterior llegan a casi mil millones de dólares diarios, pero su contenido nacional promedio no es de siquiera 20 por ciento.
Esta visión del comercio exterior desalienta la creación de empleos por encima de las necesidades de las maquiladoras. Buena parte del potencial laboral del país queda ocioso. Sin crear el millón de puestos que nuestra mano de obra disponible anualmente reclama, la desocupación y el empleo informal han aumentado, lo cual queda reflejado en nuestro crecimiento demográfico. El índice de pobreza llega a 53%, atizando inquietudes sociales que peligran derramarse en violencias cotidianas.
El gobierno relanza programas como remedio: énfasis en las “cadenas de valor” que hace años se sugirieron, viejos planes desatendidos de desarrollo regional, Zonas Económicas Especiales, sin directivas integradoras. Falta, sin embargo, la vinculación de la promoción del comercio exterior con el factor empleo. Empezando por las decisiones que las secretarías de Hacienda y la de Economía toman en materia de medidas fiscales o arancelarias para crear y proteger los puestos de nuestros trabajadores como alta prioridad nacional, todo ello conforme a los tratados internacionales que hemos suscrito. Además de lo anterior, el gobierno apoya a las empresas buscando eliminar los obstáculos tarifarios o administrativos que autoridades extranjeras imponen al acceso de nuestros productos a sus mercados. Otras veces se defiende al productor mexicano con aranceles de importación que anulen las maniobras desleales de competidores extranjeros.
En casos más complejos, la Secretaría de Economía puede poner en condiciones de igualdad competitiva a la empresa mexicana para vencer a algún productor extranjero, cuya estructura nacional de costos sea más baja que la nuestra. Se trata de fortalecer la capacidad comercial de la empresa y defender nuestros empleos en peligro de despido.
En un contorno económico mundial global y altamente competido, no es aceptable que los problemas de comercio exterior se resuelvan fuera del ámbito laboral, que resulta directamente afectado.
Todos deseamos que se acelere el ritmo de nuestro desarrollo socioeconómico, lo que a su vez depende en alto grado de un comercio exterior exitoso y creador de empleos.
Es inexplicable que la Secretaría del Trabajo no esté incluida en los diversos órganos que deciden la suerte de nuestro comercio exterior. El asunto requiere un pronto ajuste a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que se disponga en los artículos relativos a las funciones de las secretarías de Economía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, que las decisiones que afecten al comercio exterior siempre se tomen en consulta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hasta que no tengamos una satisfactoria articulación del comercio exterior con la defensa de nuestros intereses laborales, no podremos hablar de una política integral de desarrollo económico. Mucho menos salir del letargo en el que hoy nos encontramos.
