Durante el primer semestre de 2016, así como desde 2015, la balanza comercial agroalimentaria es superavitaria, lo que ha ocurrido gracias a un crecimiento de las exportaciones agroindustriales y productos agropecuarios.
Este saldo positivo se atribuye al mayor número de acuerdos comerciales que tiene México y a incrementos en la productividad de los exportadores. Asimismo, se anuncia que las divisas generadas por las exportaciones del sector primario superan las de la industria petrolera o turística.
A pesar de lo importante de estos resultados, hay que subrayar que en temas de libre comercio y de comercio exterior, casi siempre se publican datos en términos del volumen de divisas intercambiadas pero casi nunca, o más bien nunca, se transparentan resultados en términos del número de productores involucrados en este comercio y es ahí en donde está el talón de Aquiles del campo mexicano.
Es en esto en donde está la caja negra de la distribución del ingreso rural, ya que en esa balanza comercial exitosa, no están representados 2,759,418 productores que son el 67.8% del total, los cuales no acceden al empleo agrícola –o lo hacen con serias dificultades y de manera fortuita- ni a paquetes tecnológicos, ni a subsidios para adquirir activos, ni a financiamiento de la banca de desarrollo, ni a apoyos a la comercialización, ni a un sin fin de aspectos que pudieran hacerlos vincularse a las cadenas de valor internacionales. En suma, están abandonados por la actual política económica. Son contados con los dedos de la mano, los casos de éxito en donde pequeños productores logran llegar al mercado internacional.
Otro de los contrastes es que el principal alimento de la dieta mexicana, el maíz, está batiendo récord de importaciones, en donde el dato más reciente es que el 50% del maíz que se consume en México proviene del exterior. Cuántos millones de jornales se pierden con importaciones que generan millones de migrantes a los EEUU.
Este hecho, en un contexto en el que el peso mexicano está devaluado, significa que este producto básico llega al mercado nacional encarecido, simplemente por un tipo de cambio elevado. El maíz más caro no sólo afecta la economía de los hogares que se alimentan a base de tortilla, sino que también es un producto base de la alimentación del ganado, por lo que esto afectará los precios de la carne y leche, debido a costos de producción más elevados.
En un país con desequilibrios tan visibles, donde 28 millones de personas tienen carencia por acceso a la alimentación, y por otro, en el que las bonanzas en el comercio exterior no se traducen en una mejor distribución de riqueza, es motivo suficiente para hacer un alto en el camino y revisar la política económica, agroalimentaria y el modelo de país que ha venido ensanchando la desigualdad.
Por décadas, las organizaciones campesinas han manifestado su descontento hacia tratados internacionales como el TLCAN, y no por ser globalifóbicas en su código genético, sino porque justamente estos acuerdos comerciales no han generado bienestar social, ni económico en forma generalizada, sino más bien han concentrado la riqueza en unos cuantos productores que fueron apoyados por el Estado para insertarse en el comercio global.
De esta forma, promover los éxitos en términos de divisas intercambiadas y diversidad de productos para los consumidores, cubren los impactos en bienestar social, en el incremento de la dependencia alimentaria y el efecto negativo de una mayor importación de granos básicos en la economía familiar. Además de esto, desde la firma del TLCAN se ha reproducido este desbalance desde las políticas públicas, con un desdén hacia la pequeña agricultura por preconcebirse como ineficiente e incapaz de competir y concentrando los apoyos en pocos productores, muchos de estos, inclusive de otra nacionalidad distinta a la mexicana.
Lo anterior ya no invita a la reflexión, sino a la exigencia de una discusión nacional en momentos en los que además del TLCAN, está en revisión un acuerdo regional como el Transpacífico (TPP), en el que estos desbalances se van a incrementar exponencialmente si no se hace un viraje a la forma en la que se mira y se subsidia el campo mexicano.
Además en un ambiente en el que se están cuestionando cada vez más, las supuestas virtudes del comercio internacional con visiones anti-sistémicas como las del Brexit, en donde parte de la decisión justamente radica en la pérdida de empleos y en la creación de menos empleos y cada vez más precarios, debido a un arrasamiento e inundación de comercio exterior que desmantela estructuras productivas nacionales.
Si los países avanzados como Gran Bretaña están cuestionando estos aspectos, en donde el funcionamiento de las políticas fiscales y de redistribución funcionan de manera eficaz, con mucha mayor razón debemos cuestionar esto, en países que siguen en vías de desarrollo como México y poner en evidencia los impactos del libre comercio en términos de empleo, ingreso de los hogares y capacidad de consumo, para exigir tratos justos, que sin ser proteccionismo obtuso, si antepongan el bienestar social y nacional, antes que seguir poniendo el territorio nacional en una gran barata al mundo exterior.
