Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) designará a los directores de las 16 Administraciones Portuarias Integrales (Apis) del país, pero la atención se centrará en los principales puertos.
Se menciona que en la API de Veracruz va Serafín Vázquez; a Manzanillo, Alfonso Solís; a Altamira, Jorge Cantú Fernández, y a Lázaro Cárdenas, Jaime González Montes.
Las designaciones se demoraron porque el subsecretario de Comunicaciones, Carlos Morán Moguel, y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López, hicieron un análisis a fondo.
Los nuevos funcionarios estudiaron los mejores perfiles afines a Morena y a los principios de honestidad y visión futura de los puertos que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La instrucción del tabasqueño fue muy precisa: limpiar el sistema portuario de corrupción y compadrazgos que huelan a Gerardo Ruiz Esparza, Guillermo Ruiz de Teresa y Alejandro Hernández.
Los consejos de administración de las Apis se realizarán durante la semana del 21 al 25 de enero próximos en cada uno de los 16 puertos que son la puerta de entrada de mercancías al país.
Por ellos ingresan más de 6.3 millones de TEU (contenedor de 20 pies), que equivalen a un tercio del comercio exterior mexicano, que sólo en importaciones tiene un valor cercano a los 469 mil millones de dólares.
ATRAE MANZANILLO
Por cierto, en los últimos días del año, la PGR atrajo de Colima el expediente FED/COL/MAN/0000487/2018, relacionado con la investigación por presuntos actos de corrupción de servidores públicos.
Nos referimos a Ovidio Noval Nicolau, Ricardo Martínez y Alejandro Hernández por el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos a Logística de Fluidos y Graneles para la operación de la terminal de petrolíferos en el Puerto de Manzanillo.
Se sabe que el Órgano Interno de Control de la Api de Manzanillo, a cargo de Román Pablo Rangel, concluyó la investigación, que será la base para determinar “las sanciones administrativas y graves” a quienes violaron las disposiciones del Consejo de Administración.
Un proceso del nuevo gobierno se sigue en la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y otro en la PGR, que comanda Alejandro Gertz Manero.
En un par de semanas vence el plazo para que las autoridades federales, esto es, las mismas PGR y Función Pública, determinen posibles medidas cautelares contra los actores de este proceso.
Esta resolución debe entenderse en el contexto del combate a la corrupción que emprendió Andrés Manuel López Obrador contra actos de funcionarios públicos de la pasada administración que “están en proceso”.
La SCT, la Coordinación General de Puertos y las Apis van a correr la misma suerte que Pemex, que dirige Octavio Romero, y la CFE, que lleva Manuel Bartlett: limpiar la corrupción del pasado.
GINGROUP: TRABUCO
Con el propósito de fortalecer y consolidar sus vicepresidencias en GINgroup, Raúl Beyruti concluyó la contratación de un equipo de especialistas provenientes de la academia, sector privado y gobierno. Ellos son Elena Achar, quien será encargada de Enlace Político; Javier Treviño, quien fuera subsecretario de la SEP y directivo en Cemex, será responsable de clientes del sector público; Alejandro Ramos, que viene de Notimex y ahora será director de GIN Media; Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, ahora director de Emprendimiento, y Elías Micha, quien fuera coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, ahora como director de Innovación. También se integran a GINgroup Yamilé Moncada, Helios Herrera, Eduardo Torreblanca Jacques, Diego Armenta y Jesús Antonio Rodríguez Millán.
PALO A NAPITO
Resulta que, ante una demanda presentada por Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó otorgar la suspensión de efectos del laudo emitido por esa instancia el 28 de diciembre de 2018. Con ese recurso se obligaba a las empresas de Alonso Ancira a desconocer la representatividad del Sindicato Nacional Democrático de Mineros, que lidera Ismael Leija, y les imponía una serie de otras obligaciones. El dictamen de esa instancia señala que, una vez revisado el expediente, se comprobó que el acto reclamado tiene sustento y, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Amparo, procede a conceder la suspensión. El revés es para el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.
SIEMENS AFECTA
Las empresas alemanas tienen fama por su alto compromiso social en las comunidades donde trabajan. Pero hay casos que, por negligencia de los ejecutivos de primero o segundo nivel, queda cuestionada la reputación. Ocurre que en Guanajuato y en la CDMX el no pago de esta compañía a sus proveedores causó molestia entre los ejidatarios de San Felipe Torres Mochas, así como Tracomex y Control Industrial, Montaje y Construcción. Y es que Óscar González Uruchurtu se fue por la libre al negarse a pagar por servicios recibidos y, hasta donde sabemos, actuó a espaldas de Jorge Lobatón, director de la compañía en México.
