A contramano de lo que sostienen las autoridades del gobierno nacional, la economía viene sufriendo severos retrocesos que se ven reflejados en los distintos índices que miden el desempeño de las diferentes variables que hacen a la actividad económica.
Hace pocos días se conoció el ranking de competitividad global que elabora la consultora Abeceb.com, que estudia 42 países y cruza datos sobre seis variables para definir la posición que ocupará cada uno de ellos.
Esos parámetros comprenden los siguientes rubros: ambiente macroeconómico, marco regulatorio para los negocios, estructura de base, inserción internacional y marco institucional. De acuerdo con el entrecruzamiento de esas variables, la Argentina ocupa uno de los últimos lugares, ubicándose en el puesto 38 entre 42 Estados analizados. De ese total, Singapur es el país más competitivo, seguido por Suiza, Estados Unidos, Dinamarca y Suecia.
En cambio, los países de América latina presentan un desempeño pobre: Chile se ubica en el puesto 30; México, en el 33; Perú, en el 36; Colombia, en el 37; nuestro país, como se señaló, en el 38; Brasil, en el 40, y Venezuela, en el 42. Los únicos Estados no latinoamericanos del fondo de la tabla son Indonesia, que ocupa el puesto 39, y la India, en el 41.
Es indudable que además de las variables que analiza la consultora Abeceb.com para determinar el grado de competitividad, como por ejemplo la falta de libertad y el exceso de regulaciones y trabas burocráticas que desalientan el comercio exterior.
No menos importantes resultan la falta de seguridad jurídica, la ausencia de una justicia independiente, la desprotección del derecho de propiedad y la inseguridad en sus distintas formas.
La desvergonzada corrupción existente también juega un papel importante en lo que se refiere a la competitividad, toda vez que daña la imagen del país, afecta la necesaria transparencia en los negocios y ahuyenta a la inversión extranjera.
Por otro lado, la pobreza y un deficiente sistema educativo siguen siendo un lastre para la competitividad. La calidad de la educación actual es deficiente y se refleja en los bajos rendimientos obtenidos por el alumnado en los distintos niveles educativos. A ello se añade el hecho de que la educación tecnológica y superior se encuentra altamente desligada de las necesidades que surgen en la economía real.
Es de esperar que las autoridades que asuman el próximo 10 de diciembre rectifiquen estas y otras cuestiones que están demorando, cuando no desviando, la decisión de invertir en el país, mejoren el clima de inversiones anclándolo a un marco predecible, transparente y sin la pesada intervención del Gobierno, y hagan un mejor uso de los recursos con el fin de mejorar la situación de la población y aumentar la capacidad productiva del país.
