Los avances en términos de países involucrados y, sobre todo, de empresas privadas, gobiernos, proyectos y recursos canalizados al sector agrícola han sido notables para afrontar el reto de alimentar a 9 mil millones de personas hacia 2050. En el caso de África, pionero en la iniciativa, más de 200 empresas han hecho compromisos de inversión en 12 países por más de 1,800 millones de dólares, con la participación de 8.7 millones de pequeños agricultores; en Asia, Myanmar y Filipinas se sumaron a Vietnam e Indonesia; y en India, mediante una asociación público privada con el estado de Maharashtra –la zona agrícola más importante de ese país— 500 mil productores se integraron en 30 proyectos de valor agregado.
En Latinoamérica el proceso es incipiente, no obstante que en la región se ubica 24% de la tierra cultivable a nivel mundial, 30% del agua dulce y es el mayor exportador de alimentos del mundo. De hecho, el primer esfuerzo relevante de colaboración multilateral en torno a la iniciativa agrícola del WEF se dio hasta mayo pasado en la reunión regional del Foro en América Latina, en la cual participaron más de 50 líderes de empresas, gobiernos y de la sociedad civil para “identificar oportunidades de colaboración público-privada para impulsar el crecimiento agrícola en la región”.
Sin embargo, como ya que no sorprende en este tipo de reuniones, sólo se hicieron planteamientos generales y los resultados no pasaron de buenas intenciones: vincular a los pequeños productores con los mercados, mediante su “empoderamiento” y una mayor educación financiera; fortalecer la infraestructura de las cadenas de valor, mejorando las instalaciones de almacenamiento y la organización de los productores; y fortalecer el comercio regional, en particular en el marco de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú; entre otras. Loables propósitos, interesantes discusiones y pocas, muy pocas, acciones o proyectos concretos.
En el caso de México, en los últimos cuatro años los avances han sido limitados, a pesar del esfuerzo de varias empresas y empresarios, como Enrique Mérigo, responsable del tema en el Consejo Nacional Agropecuario, Minsa, Nestlé, Pepsico y Bimbo entre otras. Sin duda, hace falta reimpulsar la iniciativa ahora denominada “Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario de México (VIDA)”.
Más allá del cambio de nombre, se requiere alinear las políticas públicas agrícolas –y especialmente el presupuesto público federal— a los proyectos acordados en el seno de VIDA para darle viabilidad a las asociaciones público-privadas; inducir un mayor involucramiento de varias de las grandes empresas nacionales y transnacionales que en el foro de Davos, Suiza cada año presumen la iniciativa, pero que en México no tienen ningún proyecto vinculado con ella, y cuyas filiales ni siquiera saben que existe; y difundirla entre los gobiernos estatales y municipales para captar proyectos productivos a nivel local.
Además de las pocas acciones que han tenido éxitos iniciales –recuperación gradual de la producción de cacao de alta calidad, sustitución de importaciones de café robusta o agricultura por contrato en girasol para producción de aceites–, es preciso identificar proyectos detonadores que le den sustento a la iniciativa como el desarrollo de centros agrologísticos en el sureste del país o el uso eficiente de agua para irrigación. Asimismo, se requiere institucionalizar su operación. La confidencialidad de la información para las empresas que instrumenten proyectos, las gestiones ante autoridades y la relación con instituciones multilaterales financieras y tecnológicas son aspectos clave para su éxito, como se ha demostrado en otros países. De otro modo, todo quedará en discursos huecos ante foros internacionales.
