La Administración Trump finalmente le cerró la puerta al biodiésel argentino al confirmar este jueves (4/1) los aranceles compensatorios del 72% para sus importaciones desde nuestro país, lo que hacen en la práctica que ese mercado se vuelva inaccesible.
En noviembre pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ratificó el arancel y la Argentina advirtió que denunciaría esta medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para no perder un negocio de US$ 1.200 millones por año.
El Gobierno de Mauricio Macri apeló a destrabar la situación con gestiones directas, que finalmente fracasaron.
La Comisión de Comercio Internacional (ITC) determinó que las importaciones de biodiesel procedentes de la Argentina e Indonesia están perjudicando de forma material la industria estadounidense y que el ingreso de ese producto que no se haya abonado será objeto de las medidas compensatorias, según las resoluciones C-357-821 y C-560-831.
La medida, publicada hoy por el Departamento de Comercio en el Boletín Oficial de Estados Unidos, indica que “el arancel compensatorio corresponderá a un monto igual al porcentaje del subsidio del producto en cuestión y se extiende al biodiesel que haya ingresado desde el 28 de agosto inclusive y no se haya liquidado su pago, fecha en que el Departamento de Comercio publicó sus determinaciones preliminares al respecto“.
“Las gestiones del Gobierno han sido muy importantes. El Presidente habló con Trump y también hubo conversaciones por parte del ministro de Producción y el canciller. El tema está en el más alto nivel político. Es para destacar el hecho de que el Departamento de Comercio haya planteado por escrito la disposición para negociar”, habían dicho desde el Gobierno, luego de que Macri entablara personalmente el diálogo con su par estadounidense pos el biodiésel.
El listado de exportadores argentinos incluido en la medida abarca aranceles compensatorios de 72,28% para Dreyfus Corporation, de 71,45% para Vicentín, y de 71,87% para el resto de las empresas.
Con ello, concluyó el tratamiento del gobierno de Estados Unidos sobre la disputa, determinación adversa esperada por las autoridades argentinas, que ya a principios de noviembre habían adelantado mediante la Cancillería que el país recurrirá al Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
