Ciudad de México— El Congreso de Estados Unidos debe reafirmar su autoridad constitucional sobre el comercio.
Para empezar, los legisladores deben insistir en su prerrogativa de decidir si retienen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o adoptan el reemplazo propuesto por el presidente Donald Trump, dijo Robert B. Zoellick, exrepresentante comercial de EU, en una columna publicada en el diario The Wall Street Journal.
El exfuncionario destacó que el Congreso aprobó el TLCAN en 1993 después de un gran debate y promulgó una legislación para implementarlo.
Los miembros deben recordar al presidente que el papel del Ejecutivo no se extiende a anular los votos y estatutos del Congreso.
Dijo que el Artículo I de la Constitución concede al Congreso la autoridad “para regular el Comercio con las Naciones extranjeras” y “establecer y recaudar Impuestos, Deberes, Impuestos y Excusos”. Conservadores del Congreso preocupados por la extralimitación del estado administrativo no deben permitir que el Ejecutivo eluda propias determinaciones. El Congreso tiene autoridad para aferrarse al TLCAN o votar por un nuevo trato.
La primera pregunta para los legisladores es qué países deberían estar en un nuevo acuerdo. Como el Senador Patrick Toomey y otros han señalado, el Congreso autorizó la negociación de un pacto con México y Canadá, no sólo con México.
Robert B. Zoellick señaló que el corazón del nuevo acuerdo es que el Gobierno dicte las cadenas de suministro de automóviles, los insumos y los salarios que impedirían las importaciones, aumentarían los precios y harían que las industrias automotrices de Norteamérica fueran menos competitivas a nivel mundial.
Además, dice en parte de su editorial, que el Congreso debe investigar los informes de una carta paralela con México que establecería una cuota para las importaciones de automóviles con una tarifa no especificada para los automóviles por encima de ese límite.
La Administración parece querer conservar su justificación de seguridad nacional para aumentar los aranceles, que ha utilizado contra el acero y el aluminio mexicano y canadiense, y ha amenazado con aplicarse a los automóviles.
El Congreso debería insistir en que Trump respalde su propio trato. México y Canadá son socios de Estados Unidos, no amenazas de seguridad nacional. No existe una justificación de seguridad nacional para bloquear el acero, aluminio o autos mexicanos o canadienses.
Comenta también en su editorial que el pacto de la Administración establece un salario mínimo internacional de 16 dólares por hora para los trabajadores que producen 40 por ciento a 45 por ciento del valor de cada auto. Eso sentaría un gran precedente. El Congreso deberá decidir si los acuerdos comerciales deben establecer tasas salariales para automóviles y otros sectores y, de ser así, a qué niveles.
