En un recuento sobre la labor de los inspectores adscritos a las 57 oficinas de inspección en las principales aduanas del país, el organismo destacó que se revisaron siete mil movimientos de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres.
Entre ellas figuran aves canoras y de ornato, animales para zoológicos, plantas de ornato como palmas y yucas, trofeos de cacería, zapatos, carteras y cinturones.
También se inspeccionaron 18 mil movimientos transfronterizos de sustancias químicas, baterías para automotores y residuos electrónicos, entre los que se encuentran pantallas televisivas y circuitos usados para procesos industriales.
Además se mantuvo vigilancia sobre 100 mil embarques con productos y subproductos forestales, particularmente madera aserrada, muebles, casas prefabricadas, artesanías y árboles de Navidad.
Todas esas acciones fueron posibles gracias a la generación de sinergias con otras instituciones mexicanas de los sectores privado, público y social, entre las que destacan Aerovías de México (Aeroméxico) y Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
También Conocer-SEP, asociaciones de agentes y concesionarios aduanales, así como universidades y centros de investigación como la UNAM, Universidad Autónoma de Chapingo y la Red Mexicana de Código de Barras Genético (MEXBOL).
La experiencia que la Profepa ha acumulado en 20 años de trabajo en puertos, aeropuertos y fronteras ha permitido profesionalizar la plantilla operativa, modernizar y adecuar las estructuras encargadas de la inspección y vigilancia.
A nivel internacional se ha logrado, junto con todo el sector ambiental, que en la 17 Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se adoptaran nuevas medidas.
La aplicación de esos lineamientos ahora permite un mayor y mejor control de los movimientos transfronterizos de especies mexicanas sujetas a comercio internacional como es el caso de la madera de Dalbergia.
Cada año miles de embarques son verificados por personal de la procuraduría ambiental con el fin de garantizar su legalidad y prevenir daños tanto a las especies silvestres y ecosistemas mexicanos como a la salud pública.
