México.- Integrantes del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante rechazan las modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos pues aseguran que es un retroceso democrático y se generarían pérdidas económicas sustanciales.
El pasado 8 de marzo el Senado de la República recibió la iniciativa de la mano de Enrique Peña Nieto y en ella se establece que la Marina Armada de México asuma el control de las capitanías de puerto.
Al menos 12 organizaciones de la Marina Mercante consideran que de aplicarse las modificaciones existirían pérdidas económicas sustanciales toda vez que los marinos aplicarían con rigidez las reglas militares provocando excesiva burocracia durante el arribo o descarga de las embarcaciones ya que los efectivos castrenses obedecen a una estructura vertical en la toma de decisiones.
Por ello las empresas podrían prescindir de los servicios de los puertos mexicanos y llevar sus mercancías a cualquier otro puerto en el extranjero, donde además de contar con la infraestructura necesaria, evitarían los controles militares.
“Imagine que viene un barco de Colombia y necesita dejar su mercancía en nuestro puerto, su traslado cuesta 40 mil dólares diarios y si es sometido a una inspección militar, que toma mínimo tres días, a la empresa naviera le va a costar 120 mil dólares”, indicó el Capitán Ysmael García a SDPnoticias.
Quienes se oponen a las modificaciones de la ley señalan que no están en contra de la seguridad en las capitanías de puerto y mucho menos que exista un interés económico detrás de ello, pues las labores que realiza la Marina Mercante son de logística y apoyo a las embarcaciones, es decir, no están relacionadas con la mercancía.
“No estamos en contra de la seguridad pero hay instancias específicamente encargadas para el control de las mercancías y de las personas; en este caso aduanas (SAT) y migración (INM). Si el barco llega pues las instancias ya están creadas”, indicó.
Lo dicho por García Muñiz fue sustentado por el Capitán Marcelino Tuero Zorrilla, presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, quien aseguró que, como marinos mercantes, su labor está limitada y definida para realizar actividades relacionadas con la prevención de accidentes o para facilitar el transporte marítimo de mercancías.
“Las capitanías de puerto no realizan funciones de policía, no revisan ni una sola mercancía. Esta función es exclusiva de las aduanas”, indicó.
Al referirse al tema, el capitán Javier Fernandez Perroni señaló que la ineficacia de tener a la Marina Armada a cargo de las capitanías de puerto fue comprobada hace 40 años, pues de 1940 a 1976 la Secretaría de Marina las controlaba.
Sin embargo, para diciembre de 1976 existió una reforma que permitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asumir las funciones con personal mercante capacitado.
“Volver a esa estructura anterior es un retroceso de 40 años que ningún país desarrollado tiene; de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solamente Chile tiene a militares en los puertos”, indicó.
El Capitán Marcelino Tuero respaldó dicha opinión al señalar que de los 164 países que integran la Organización Marítima Internacional sólo 12 tienen militares en las capitanías de puerto.
“Esto es un rezago de las dictaduras que padecieron países como Chile, Uruguay y Perú; siguen siendo países subdesarrollados. (En México), en lugar de voltear hacia lo moderno, parece que buscan una regresión”, indicó.
El capitán Ysmael García, en su calidad de secretario general de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales la República Mexicana, resaltó que existen ejemplos adecuados para la operación de puertos, como Panamá o Brasil donde las autoridades pertenecen al orden civil.
A casi un mes de la entrega de la iniciativa legislativa, las organizaciones de marinos mercantes hacen un llamado a los senadores Javier Lozano Alarcón, Miguel Barbosa y Alejandro Encinas así como a Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para mostrarles la ineficiencia de la iniciativa presidencial y aportar su postura al debate.
Considerando que el periodo legislativo concluye el próximo 30 de abril, los marinos mercantes se pronunciaron por que la iniciativa no sea aprobada en fast track y sin una discusión informada y abierta.
“Ese tipo de implicaciones no son fácilmente asimilables por la opinión publica, ni fácilmente asimilables por los Senadores que podrían aprobar la norma”, subrayó el capitán Ysmael García.