Las nuevas medidas fueron aprobadas en el marco de una reunión del Consejo de Aduanas, Tarifas, Cambio de Divisas y Transacciones Foráneas del Ministerio de Finanzas nipón y publicadas posteriormente en su web.
Las medidas se pretenden hacer efectivas a partir del inicio del próximo ejercicio fiscal en Japón, que arrancará el 1 de marzo de 2017.
Hasta ahora, para poder solicitar la apertura de una investigación que determine si hay dumping o no y la posterior aplicación de aranceles los productores demandantes debían englobar al menos el 50 por ciento de la cuota nacional de mercado del producto en cuestión.
La nueva norma permitirá que los solicitantes compongan solo el 25 por ciento del mercado para presentar el requerimiento.
Las medidas antidumping, permitidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y normalmente empleadas para proteger industrias domésticas, suelen incluir tarificaciones y gravámenes extraordinarios para compensar grandes diferencias en materia de precios.
Las exigencias del Ministerio de Finanzas aún vigentes han hecho que entre 2010 y 2015 se haya solicitado una sola investigación.
En este mismo lapso de tiempo importantes socios comerciales de Japón han emprendido multitud de acciones para determinar la existencia o no de dumping, como es el caso de Estados Unidos (54 investigaciones en esos cinco años), China (36) o Corea del Sur (15), según datos publicados hoy por el rotativo económico Nikkei.
Ante estos resultados el Ministerio de Economía, Comercio e Industria solicitó al de Finanzas una reforma del sistema de solicitudes para elaborar un criterio menos riguroso.
