La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) exhortó a los gobiernos de la región a garantizar condiciones de competencia pareja y comercio justo en la producción, venta y distribución del acero, ante los recientes cambios estructurales de esta industria por la aplicación de aranceles en Estados Unidos y la sobreoferta de producto de China.
A través de documento compartido por la Cámara Nacional de la Industrial del Hierro y del Acero (Canacero), la Alacero también refirió que la actividad siderúrgica se encuentra ante una encrucijada por varias situaciones a nivel internacional.
La sobrecapacidad de acero existente que —según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 600 millones de dólares (mdd)— representa todavía un riesgo para la estabilidad del mercado y la operación de las empresas del ramo, apuntó la organización.
La sobreoferta “sigue sin tener una solución y el problema se agrava ante anuncios de nuevas inversiones para instalar capacidad adicional”, expuso.
China es el país que lidera el exceso del acero y junto con sus empresas, que son propiedad del Estado, operan en condiciones de “no mercado”, criticó la Alacero, una asociación civil que representa a los fabricantes del acero de América Latina.
La aplicación de contramedidas, como la Sección 232 de Estados Unidos y la salvaguardas de la Unión Europea y Turquía, distorsionan los flujos comerciales y propician una desviación de comercio que afectará seriamente al mercado internacional, refirió el organismo regional.
Alacero dejó en claro que la estructura de la industria sufre modificaciones por lo que llamó “un creciente capitalismo de Estado”, mientras hay empresas latinoamericanas que operan en condiciones de mercado y sin apoyos financieros de los gobiernos.
La Alacero expuso que, entre otros problemas, se encuentra el comercio desleal de acero —dumping y subsidios—; sin embargo, la aplicación de los instrumentos de defensa comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no ha sido suficiente.
De ahí que el organismo internacional solicitó que se aplique el mandato de Hangzhou 2016, el cual reconoció el problema estructural y su impacto negativo en los trabajadores y el comercio, así como la necesidad de una solución colectiva.
