El Canal de Panamá ha obtenido resultados positivos derivados del modelo de adjudicación de obras a las ofertas económicas más bajas en sus procesos de licitación, entre las que destacan mayor transparencia en sus procedimientos, así como propuestas más “afiladas”, según dijo a T21 John Langman, gerente ejecutivo de Administración de Proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
A diferencia de lo sucedido en Manzanillo, México, donde se adjudicó la construcción y operación de la segunda Terminal Especializada en Contenedores (TEC) II a la oferta económica más alta del grupo filipino International Container Terminal Services (ICTS), que ofertó 194 millones de dólares (mdd) por encima de Grupo México que ofreció 187 mdd, la ACP desarrolla sus licitaciones bajo el esquema de beneficiar a la propuesta más económica, debido a que su reglamento de compra establece en su artículo 70 que “se preferirá el uso del proceso de licitación pública en base al precio más bajo, sobre los otros procesos de licitación”.
La ACP considera que esta metodología es preferible porque evita que los interesados sepan cuántos competidores tienen y quiénes son, hasta pocos minutos antes del cierre del acto de recepción de ofertas, lo que los obliga a “afilar” sus propuestas. Además, el método de contratación resulta ser el de mayor transparencia, pues las ofertas son abiertas de manera pública.
En ese sentido y contrario a algunos procesos desarrollados en México donde se da prioridad a la propuesta económica más alta, la ACP destacó a T21 que otro elemento en la decisión de los procesos de contratación, es que resulta un método práctico para llegar a la adjudicación, derivado de la experiencia de licitar con antelación las tres primeras fases de ampliación del Canal, así como ésta última recién adjudicada a un consorcio de empresas donde participa la constructora mexicana ICA.
En resumen, en este caso se eligió este método de contratación de licitación pública en base al precio más bajo, debido a la experiencia positiva con el método en los contratos previos y porque se consideró que producía el resultado óptimo de competencia y transparencia que a la vez, dado los requisitos técnicos que tiene que cumplir el proponente y las fianzas requeridas, brinda una “muy elevada” confianza en la capacidad del contratista elegido para ejecutar la obra de acuerdo al pliego.
Lo que resta por ahora, es que el contratista entregue planes de trabajo, los cuales incluyen el cronograma de ejecución y la información de asuntos sobre acciones previas al inicio de las excavaciones, tales como el rescate de vida silvestre y el arribo al sitio de los equipos de ingeniería.
El consorcio integrado por ICA tiene mil 288 días para ejecutar la obra desde el momento en que recibe la nota de proceder, la cual se espera que se emita a finales de este mes de enero, lo que implicaría que el contratista deberá culminar sus labores en el tercer trimestre del año 2013. El contrato incluye multa por 25 mil dólares por cada día de atraso en la entrega del proyecto.
En este sentido de penalización por retrasos, la ACP informó a este medio que CILSA Minera María, contratista del CAP-2 (fase dos de ampliación del canal) concluyó sustancialmente su obra el día 30 de noviembre de 2009, mismo día en que concluyó la aplicación de penalizaciones por retraso.
Actualmente, la empresa contratista se encuentra removiendo sus equipos del área y reparando un revestimiento del desvío del río Cocolí que sufrió daños, producto de lluvias intensas que ocurrieron en el mes de octubre pasado.
Como T21 lo informó el pasado noviembre, CILSA Minera María, en la que Grupo Carso de Carlos Slim tiene invertido capital, fue penalizada por la ACP con 10 mil dólares diarios por día retraso, al no terminar a tiempo los trabajos pactados.