Cabe recordar que la Comisión había solicitado durante el mes de junio un texto aclaratorio de todos los aspectos que habían sido cuestionados por los diferentes actores invitados a exponer.
VOLUNTAD DE AVANZAR
Luego, de que el senador Insulza, presidente de la instancia parlamentaria, diera lectura íntegra al Protocolo, los integrantes de la Comisión manifestaron la conveniencia del texto, que permitió dar votación unánime del tratado y se destacó, además, la voluntad de las partes para avanzar, desmitificar y aclarar las dudas de la sociedad civil.
“La discusión generó legítimas controversias que fueron expresas. Desataco lo que aquí se ha logrado, de lo contrario lo habría votado en contra, pero al suscribir este Protocolo, nos hacemos cargo de todas las objeciones plateadas”, dijo el senador Guillier.
Enseguida, el senador Moreira sentenció que “hemos tenido que derribar muchos mitos y durante estos últimos meses hemos visto una campaña de desinformación. Estoy dispuesto a aprobar, más aún cuando mi gobierno desarrolla este protocolo con la interpretaciones que se dan a alguna materias en discusión”.
“No comparto que acá hay sólo desinformación, sino que hay legítimas dudas, las que se pudieron disipar y todos fueron escuchados”, replicó Lagos Weber, quien indicó que parte importante del crecimiento nacional de los últimos 40 años se explica por las políticas de apertura; sin embargo “este tratado, a diferencia de otros, ha sido el más debatido y cuestionado por parte importante de la sociedad civil”.
Luego, el senador Insulza manifestó que los tiempos son otros, desde que el país comenzó a avanzar en tratados internacionales y hoy, “más allá de las objeciones que hemos aclarado, el clima es más desfavorable”. A juicio del legislador, “tenemos un desafío grande, pero lo que no se pude negar es que ninguno de los tratados de libre comercio es culpa de esto. Los tratado son puentes, nosotros debemos pasar por ellos”.
Finalmente, el Canciller Teodoro Ribera sentenció que este acuerdo es “una mirada distinta entre las relaciones del Congreso, el Ejecutivo y las relaciones exteriores” y agregó que estamos frente a nuevos tiempos, “en que para construir no vasta que el estado diga “esto es”. Hay una ciudadanía más empoderada”.
PROTOCOLO
Algunos de los puntos contemplados en el texto acordado son:
En el caso que EEUU u otro país solicite ingresar al CPTPP, las materias de propiedad intelectual y todo el resto que han quedado suspendidas no se aprobarán automáticamente, sino que deberán ser renegociadas.
El Gobierno reitera el derecho esencial que mantiene el país para regular sus prioridades legislativas y regulatorias.
Se aclara, además, que el CPTPP no contiene disposiciones ni establece obligaciones que impliquen para Chile la modificación del ordenamiento jurídico vigente en materia de medicamentos, por lo que no se generarán impactos negativos respecto al precio interno de los medicamentos ni el acceso al mercado de los medicamentos genéricos.
El Gobierno reitera la plena vigencia y preeminencia de la ley laboral nacional y que sus eventuales modificaciones para incrementar estándares laborales en el futuro constituyen atribuciones del Estado.
El CPTPP no privatiza las semillas tradicionales, no patenta las variedades vegetales y tampoco establece cobros por la reutilización de semillas.
En compromisos adoptados por el Gobierno están el impulsar políticas de desarrollo productivo y de diversificación exportadora, formación de RRHH, de mayores recursos para la innovación y desarrollo, potenciando el desarrollo de las regiones, con el propósito de mejorar la competitividad y calidad de nuestra inserción internacional.
En la convicción de que este acuerdo tiene un fuerte carácter inclusivo, el Gobierno de Chile se compromete a evaluar, dentro de tres años desde su entrada en vigor, y enviar Informe al Congreso de la República, sobre la efectividad del CPTPP en relación con el desarrollo sustentable, mujeres y comercio, pueblos originarios, desarrollo económico regional, PYMEs, los derechos laborales, el medio ambiente y el cambio climático.
Con respecto a pueblos originarios, el Gobierno se compromete a que en caso de implementarse el CPTPP en la normativa nacional, en áreas como: el acceso al agua, materias territoriales, o asuntos relacionados con conocimientos tradicionales, se realizarán los correspondientes informes de procedencia de consulta indígena, de conformidad a lo previsto en el Convenio 169 de la OIT.
En relación con materias de propiedad intelectual, durante el primer semestre de vigencia del CPTPP el Gobierno decidirá e informará al Congreso las razones técnicas, si adherirá al Tratado de Madrid o Singapur.
El Gobierno se compromete a en un plazo máximo de 3 años realizar una evaluación de la implementación de los compromisos asumidos en el presente Protocolo e informar al Congreso de la República de sus resultados.
El Tratado ahora deberá ser ratificado por la Comisión de Hacienda, antes de ser estudiado por la Sala del Senado.
CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD
En el contexto de las audiencias públicas, la Comisión también escuchó a representantes de Corfo, CPC, de la Federación de Trabajadores del Cobre y del Comité de Desarrollo Urbano de La Reina.
La Vicepresidenta Ejecutiva (s) de Corfo, María Eliana Cruz expuso sobre los alcances del tratado y los beneficios que traerá a las pymes que participan en el comercio global. “Según informaciones de Cancillería existen más de 3 mil oportunidades para este tipo de productos y más de 1500 no se exportan a los países suscriptores del tratado”, dijo.
A su vez aclaró que “la ventaja no viene dada solo por la rebaja arancelaria sino por la ventaja comparativa que se tendría con países altamente proteccionistas, tales como, Japón con la agricultura; Canadá con los lácteos o Vietnam con los productos marinos”.
A continuación, fue el turno del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC, Alfonso Swett, quien planteó directamente que “este tratado de asociación TPP11 es un resguardo para un país pequeño como el nuestro ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos”.
Ello, en atención al “acceso que brinda a nuevos mercados y a la mayor integración mundial de las cadenas de valor”.
Por otra parte, el representante del Comité de Desarrollo Urbano de La Reina, Javier Labarca expresó su desacuerdo con el tratado puesto que a su juicio se requiere “uno que sea coherente con el desarrollo sostenible que necesita Chile y que permita sacar al país del modelo extractivista, contaminante y que aumenta la desigualdad, en el cual estamos estancados”.
Agregó, que se trata de “un acuerdo que incluya a la sociedad civil desde el inicio y que sea un ejemplo en línea con los planteamientos del gobierno. Un tratado que vele por la recuperación de la biodiversidad y población marina, por la limpieza del agua y los hábitats marinos en el Océano Pacífico”.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, Juan Olguín, coincidieron en que “la concentración del modelo económico produce mayor desigualdad y distorsiones económicas que han derivado en casos como las colusiones”. Por ello, expresaron su rechazo al TPP11 y propusieron en cambio la creación de una comisión del mundo minero, académico y sindical para la elaboración de un proyecto de Ley de Royalty Diferenciado (asociado al grado de industrialización) para forzar la manufactura del cobre.
También, promovieron la idea de “generar una estrategia a mediano plazo para instalar en la sociedad chilena, la necesidad de industrializar nuestro país, junto con desarrollar todas las acciones necesarias para que el mundo político asuma nuestra propuesta”.
