Las negociaciones para concluir un tratado de libre comercio con Colombia (TLC) se han complicado por la posición un tanto agresiva de los negociadores colombianos y la oposición presentada por grupos organizados de productores nacionales, reticentes a apoyar al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en sus esfuerzos. Eso nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental: ¿Por qué es importante concluir a la mayor brevedad un tratado con Colombia?
La respuesta es clara. Varias razones se esgrimen a favor de los tratados de libre comercio. La primera es que Costa Rica escogió la apertura comercial y el fomento a las exportaciones como punta de lanza de su modelo de desarrollo, y debe concluir el proceso.
Es importante recordar que las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se empantanaron después de la ronda de Doha, y ha sido muy difícil avanzar en la desgravación arancelaria y reducción de obstáculos al libre comercio de bienes y servicios. Nuestro país, al igual que otras naciones, escogió la negociación bilateral para reducir el proteccionismo y maximizar las ventajas comparativas y competitivas del libre comercio. Abortar la apertura en estos momentos sería un gran error estratégico.
Es importante, desde luego, concluir el tratado comercial con Colombia, aunque el volumen de comercio sea relativamente pequeño ($504 millones al 2011), ratificar cuanto antes el tratado celebrado recientemente con Perú y avanzar por esa vía para lograr acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones del mundo que ofrezcan potencial para engrandecer nuestro comercio internacional. Como bien dice el ministerio de Comercio Exterior (Comex), debemos aumentar nuestra presencia en el Mercosur.
La segunda razón es que mantener aranceles elevados para los productos y servicios provenientes de países con los que no tenemos tratados, pero relativamente bajos para los que sí han suscrito convenios, causa grandes distorsiones en el comercio y en la asignación de recursos productivos y de consumo. La tercera se relaciona, precisamente, con la libertad de los consumidores para escoger los productos indispensables para satisfacer sus necesidades, independientemente de su origen. Ampliar la oferta de bienes y servicios estimula la competencia –esa es la cuarta razón– y beneficia al consumidor, que debe ser la prioridad de la política económica.
La quinta razón es de carácter social: mientras más baratos sean los bienes y servicios ofrecidos en el mercado nacional, sobre todo los recogidos en la canasta básica, mejor para los costarricenses de más bajos ingresos. Es una forma indirecta pero eficaz de reducir la pobreza. Finalmente, la apertura de otros mercados, como el de Colombia, mejora las posibilidades de nuestros exportadores para competir con menores desventajas.
¿Por qué, entonces, se ha complicado la negociación? Mientras los colombianos mostraron mayor flexibilidad con respecto al intercambio de ciertos productos agrícolas –se excluyeron artículos comunes como café y banano, entre otros–, sí pusieron sobre la mesa una exigencia difícil de cumplir: exonerar el cien por ciento de los productos industriales. Ahí chocaron con un sector nacional tradicionalmente protegido. En esas circunstancias, corresponde a Comex decidir. Y, para adoptar una buena decisión en beneficio de los intereses del país, debe tomar en consideración no solo la posición de los industriales, sino la de los consumidores nacionales, que son la mayoría. Sin embargo, cada producto excluido debe ser justificado, no con base en la oposición empresarial, sino con base en estudios de costo y beneficio social.
Comex también podría persuadir a las autoridades colombianas sobre las posibilidades de profundizar y alargar los plazos de desgravación de ciertos productos industriales colombianos en Costa Rica, con el objeto de permitir a los empresarios nacionales prepararse con suficiente antelación para mejorar su productividad y enfrentar la nueva competencia. Ese podría ser un final feliz para todos: productores y consumidores.