La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de retomar el proyecto de un aeropuerto de talla internacional y concretar el parque industrial, vino a acelerar los procesos y toma de decisiones sobre qué es lo que va a pasar con ese codiciado y disputado espacio de terreno formado con sedimentos arrastrados por el rio balsas durante milenios y que dieron forma al delta en la desembocadura del Balsas integrado con tres islas: Cayacal, de En medio y La Palma.
Las tres islas, fueron disputadas territorialmente por los estados de Guerrero y Michoacán y no fue sino hasta 1906 cuando la ley de división territorial entre ambos estados determina que la parte media del Balsas sería el límite entre estas entidades y se determina que los islotes quedan integrados a al territorio michoacano.
En el caso concreto de la Isla de la Palma, ésta es compartida por ejidatarios michoacanos (Guacamayas) y guerrerenses ( Zacatula y San Francisco)con las dotaciones de 1946 y expropiadas las tres islas “por causas de utilidad pública, en tres procesos entre 1976 y 1982, para el establecimiento de la zona industrial que acompañaría al puerto de Lázaro Cárdenas cuyo proceso ha sido lento y ha dado origen a los conflictos actuales y pasados por la tenencia de la tierra.
Las más de dos mil hectáreas expropiadas, entre ellas más de 680 de la Isla de la Palma, fueron administradas por el extintito Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario –Fondeport- que al extinguirse para dar paso a la Administración Portuaria Integral actual, cedió en donación “Ad Corpus”, al gobierno de la entidad una superficie total de 628-53-82.61 hectáreas, según consta en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el número 72, Tomo 613, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Salazar.
De esta extensión, 183 hectáreas fueron desincorporadas de la reserva estatal en el periodo del gobernador Lázaro Cárdenas, Batel, para el establecimiento del Recinto Fiscalizado Estratégico que no termina de construirse.
Loa ejidatarios de ambos núcleos, Guacamayas y Zacatula, como ocurrió poco antes con los de Melchor Ocampo a quienes se les expropio El Cayacal y la De En medio,, insisten en su favor que los decretos de expropiación advierten que las tierras regresarían a su poder cuando no sean utilizadas en la causa de la expropiación pasados cinco años, mientras que el estado y la propia federación, insisten en que en esas tierras hay procesos inacabados de industrialización y obras realizadas para tal fin y es lo que se dirime en juicios entre los tribunales unitarios agrarios, mientras los campesinos regresaron a ellas en 1987 como “posesionarios” y 19 de diciembre del 2008 fueron desalojados por los granaderos.
Al conflicto de posesión de esas tierras, los campesinos han sumado ante tribunales agrarios, cuando en todo caso debería ser en el Senado, uno de límites pues aseguran que la isla es propiedad de Guerrero, ignorando la ley de 1906.
La desincorporación de la isla ha tenido dos procesos, en noviembre de 2006 el congreso local, mayoritariamente perredista determinó ceder 183 hectáreas repartidas; 7 hectáreas a Maersk Sealand y el Ejido Melchor Ocampo, 11.6 hectáreas en comodato, mientras que Kansas City Southern ,23 hectáreas, Cocos Plus 3 .80 hectáreas y Promotora Costa Michoacana 2.04 hectáreas “en posesión autorizada”, es decir, permiso de ocupación con promesa de comodato y comenzaron las obras —la construcción de una barda perimetral— de un Recinto Fiscalizador Estratégico.
La medida fue duramente cuestionada por la bancada priísta, ahora mayoritaria en esta legislatura que tampoco ha podido sacar del atolladero el proceso de industrializar las 444 hectáreas restantes de ese disputado predio no obstante que fueron desincorporadas en junio de 2010, tras dos años de que el dictamen estuvo “en la congeladora parlamentaria” porque los partidos Revolucionario Institucional, y Acción Nacional , habían rechazado discutir siquiera el dictamen debido a que preveía la posibilidad de vender de la isla. Este año el PAN logró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aceptara evitar la venta y hacer transparente el proyecto.