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Ana Pastor acudió con carácter de urgencia el lunes a Panamá para intentar mediar en el conflicto abierto tras mostrar el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), adjudicatario de las obras de construcción del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá, su intención de paralizar el próximo 21 de enero las obras si la Autoridad del Canal no atiende antes de esa fecha los pagos por los 1.625 millones de euros de sobrecoste generados en este proyecto.
Pastor se reunió con la Autoridad del Canal de Panamá; con representantes del GUPC, liderado por la constructora española Sacyr; y con el propio presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y obtuvo de las partes, como uno de los principales logros para desbloquear la situación, el compromiso de que ambas se van a sentar a negociar y, sobre todo, que todas las reclamaciones se dirimirán por las vías judiciales, administrativas y arbitrales que se establecen en el contrato.
Tanto la ministra Pastor como el presidente Martinelli realizaron una declaración al término de su reunión, en la que ambos coincidieron en que todas las reclamaciones se ceñirán a lo que establece el contrato.
“Dentro del marco del contrato las partes pueden resolver cualquier conflicto que exista entre ellos, ya que lo más importante es que este es un proyecto de envergadura mundial y del interés de todos, por lo que se tiene que terminar en el tiempo previsto”, sostuvo el presidente.
“Estamos seguros de que las reuniones van a resolver los conflictos”, indicó. Martinelli.
Por su parte, Ana Pastor, insistió en que se trata de un conflicto entre un grupo privado y una entidad independiente y resaltó que “el consorcio se ha comprometido a que las reclamaciones se ceñirán al contrato”.
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