Ciudad de México— Las mercancías embargadas en aduanas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzaron un valor de 22 mil 381 millones de pesos acumulados de enero a junio, cifra nunca antes vista desde que se tiene registro.
El monto más cercano se presentó en diciembre de 2017, donde de manera acumulada en todo el año sumaron 13 mil 949 millones. Sólo en la mitad de 2019 esa cifra casi se duplica, según cifras de la dependencia.
El gran incremento se debe a una política más agresiva del SAT y a la nueva Ley Aduanera de 2018 que amplía la duración del reconocimiento aduanero, explicó Óscar Rueda Thomas, director general de Consorcio Jurídico Aduanero.
La legislación aduanera permite realizar embargos precautorios y posteriormente definitivos, cuando las mercancías se introducen por lugares no autorizados, son productos prohibidos, no corresponden a los pedimentos o líneas de importación y se omiten contribuciones, entre otras causas.
Antes de la Ley Aduanera de 2018, el reconocimiento aduanero debía concluirse el mismo día que iniciaba. Ahora puede durar hasta cinco días, destacó el especialista.
“Antes sí había algo que determinar que no podía verse en ese momento, para pago de impuestos, se tomaba un muestreo y seis meses después el laboratorio del SAT regresaba con el resultado del muestreo, pero como ya no estaban las mercancías en poder de la aduana no se podía hablar de un embargo precautorio.
“Ahora con el plazo de 5 días, se muestrea el día uno y tienen resultado al cuarto día y pueden determinar el embargo precautorio, mientras la mercancía está en la aduana”, explicó.
Al iniciar un Proceso Administrativo en Materia Aduanal (PAMA) con embargo precautorio el contribuyente tiene 10 días para desvirtuar las causas o la mercancía pasa al poder del fisco federal.
Si las mercancías son perecederas, explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radiactivas son destruidas. De lo contrario pasan al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), donde son vendidas y los recursos integrados al erario, según la Ley Aduanera.
Jorge Alberto Lagos Ramón, experto aduanal de Lagos Ramón Asociados, coincidió en que el aumento de embargos está relacionado con la llegada de la actual Administración y una actitud de mayor fiscalización.
Además de los cambios legales, los especialistas aseguraron que la nueva administración ha puesto especial énfasis en generar ingresos a través de la recaudación en aduanas.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el SAT, la tasa de evasión del Impuesto General de Importación y Exportación (IGIE) fue de 10.9 por ciento en 2016 (último dato disponible), que representa poco más de 5 mil millones de pesos. Esta evasión surge de 938 partidas arancelarias que generan el gravamen.
Felipe Miguel González Jaimes, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), aceptó que existe mayor fiscalización en el nuevo Gobierno, con actos apegados a la ley.
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