Lo más reciente que hemos escuchado sobre el acuerdo comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y al que se ha bautizado aquí como el T-MEC, es que será la forma en que México pague por la construcción del muro fronterizo que tanto quiere Donald Trump.
Claro que el presidente de Estados Unidos, como buen populista, tiene una clientela política poco enterada que le cree lo que diga sin cuestionarse mucho la veracidad de sus palabras.
Así es como mantiene su vieja promesa de campaña, de la pasada y de la que viene, de dividir al pueblo bueno sajón de las hordas mafiosas de inmigrantes latinos con un enorme y bonito muro en la frontera sur de su país.
Desde su letanía aquella de que México pagará por el muro, Trump ha derivado en un discurso en el que asegura que este país ya está pagando por su división a través del nuevo acuerdo comercial.
Bien hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en no meterse en el tema y caer en la tentación de recordarle que el acuerdo del que habla simplemente no está vigente. Vamos, ni siquiera está ratificado.
Ya de eso se encargan sus opositores demócratas y aquellos medios que lo cuestionan (la US fifí press), que le hacen ver que el T-MEC no es un acuerdo vigente, que en todo caso la materia del entendimiento entre los tres países regula el comercio y que no hay una sola línea en todo el acuerdo que haga referencia al pago, directo o indirecto, de su muro.
Pero mientras la retórica del presidente estadounidense se mantenga en ese terreno y realmente mantenga fuera al T-MEC de su discurso fronterizo radical, corre menos riesgos de fracasar este acuerdo.
Porque, por lo demás, el T-MEC sigue siendo una posibilidad, no hay garantías de que vaya a entrar en vigor.
No es un asunto que provoque muchas angustias de este lado de la frontera, porque mientras se logra transitar por los congresos de los tres países y se publica para su entrada en vigor, el viejo TLCAN sigue dictando las reglas comerciales de la región.
Pero llegará el momento en que el TLCAN se vuelva insostenible, en especial para los republicanos.
Hay, aparentemente, un compromiso del gobierno mexicano entrante de respaldar plenamente el resultado de la negociación comercial que básicamente llevó a cabo la administración de Enrique Peña Nieto.
Si esto es correcto, el Congreso mexicano, de mayoría de Morena, deberá pasar cambios legislativos importantes en materia laboral y de derecho a la propiedad intelectual. Tendrían que endurecer las leyes contra la piratería y la falsificación, lo que debe tener implicaciones políticas.
Pero el reto mayor aparece en el turbulento Congreso estadounidense, donde muchos republicanos, compañeros de partido del presidente, no acaban de comulgar el resultado de la negociación trilateral y los demócratas definitivamente harán lo que sea para frenar cualquier victoria de Donald Trump.
De entrada, los representantes coordinados por Nancy Pelosi no parecen tener la más mínima prisa de enlistar el tema en su agenda de debates. La congeladora es una forma astuta de propinar un golpe al presidente, sin cargar los costos de una oposición a un acuerdo claramente benéfico para su país.
En fin, el T-MEC está firmado y avalado por el gobierno de López Obrador, pero todavía no está ratificado por los congresos. Vale la pena ponerle atención.
