En México hay más de 2 mil empresas que se dedican a la subcontratación y más de 6 mil empresas con 7.6 millones de trabajadores que tranquilamente evaden impuestos, esto según datos del documento “Evasión en sueldos y salarios” elaborado por la Universidad de Chapingo a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en abril de 2019.
No sólo es el tema de la evasión de impuestos. Es la liga con la legalidad y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que tienen que ver con la igualdad y la vida digna. Eso nunca debió de haberse permitido en nuestro País. Probablemente muchos empresarios que han utilizado este esquema nunca oyeron hablar de la regla de oro que de forma natural y bajo las más elementales formas de raciocinio dice: “Lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas con los demás”.
Por supuesto, en el fondo siempre estuvo la voracidad, la ambición y el ánimo del enriquecimiento por la vía fácil y contrario a los acuerdos establecidos en el artículo 123 Constitucional y en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Qué fue lo que pasó? En algunos casos la ignorancia, en otros la costumbre y en la mayoría la inmoralidad. Entre estas tres prácticas le doy un peso más fuerte al tema de la costumbre, sin quitarle responsabilidad a las otras dos. Fue una práctica repetida sin que los gobiernos intervinieran por motivos de corrupción y complicidad y la otra que, como coloquialmente se dice, fue una mentira repetida tantas veces que se convirtió en verdad.
Es decir, la práctica se legitimó por mucho tiempo enquistándose en el Estado, en las organizaciones, en las instituciones educativas, en fin, en el mundo laboral cancelando los derechos de muchos trabajadores en el País. El colmo se da en que hasta en el mismo Congreso de la Unión la mayoría de los empleados están subcontratado.
Porque eso es el outsourcing, una subcontratación a agencias que ofrecen éste tipo de servicios, a manera de intermediación, que hacen posible que las empresas no tengan nada que ver con los empleados y trabajadores en el plano legal, cancelando todo tipo de derechos y dejando en la indefensión total de sus derechos laborales. Con esta práctica, los ganadores siempre han sido las empresas y los empresarios. Aclaremos, no todos. Para no enredarnos, quienes lo han hecho hasta el momento.
Simple y llanamente, el outsourcing es un esquema mediante el cual el patrón subcontrata los servicios de una empresa donde se simulan relaciones laborales con el fin de evitar o reducir el pago de impuestos, prestaciones o derechos laborales.
En el fondo, evasión de impuestos, eliminación de responsabilidades laborales como el pago de cuotas al IMSS, Infonavit, retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), declaración de salarios menores, menores aportaciones a las Afores, abaratamiento de mano de obra, estabilidad en el empleo (rotación de personal), antigüedad laboral, vacaciones, aguinaldo, liquidación, derecho a créditos para vivienda, ahorro para el retiro y pensión, asistencia médica, uso de guarderías, entre otras cosas. Según el documento citado, se evaden más 21 mil 466 millones 397 mil 722 pesos, además de que las empresas empezaron a quedarse con el subsidio al salario que otorga el Gobierno Federal.
Por supuesto, como es costumbre en nuestro País y con una interpretación a modo de los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo (LFT), muchos empresarios se hicieron de magras ganancia con el detrimento de ingresos para el Estado mexicano y los trabajadores. Por tanto, no sólo ha sido la corrupción permanente y sistemática de la clase política mexicana en el tema de la seguridad social, sino también de una buena cantidad de empresarios que han visto en el outsourcing un motivo de aumentar capitales de forma inmoral.
La idea inicial, como en muchos otros casos era buena. Se trataba de que las empresas no perdieran el tiempo en temas de contratación y que sólo se dedicaran al tema negocio pero, como todo en México, se buscaron subterfugios y se encontraron rutas hacia el dinero fácil. Finalmente lo que no estaba prohibido estaba permitido, cancelando los derechos a la seguridad social, antigüedad, vivienda y retiro.
Pues hoy hay malas noticias para quienes se han beneficiado de las bondades de la interpretación que bufetes y agencias hicieron de la LFT: la subcontratación y cancelación de derechos de cualquier trabajador será considerada “delincuencia organizada” y tendrá sanciones hasta de 20 años de cárcel para quienes lo practiquen.
La pregunta es: ¿de qué sirvieron las grandes luchas y reivindicaciones sociales, en el mundo y en nuestro País, si no se respetan los derechos de los trabajadores? Agustín de Hipona decía que “lo malo siempre será malo, aunque todos lo practiquen y lo bueno siempre será bueno, aunque nadie lo practique”. Ahí está el origen de la inmoralidad de esta práctica. Así las cosas.
Vanguardia
Felipe de Jesús Balderas http://monitoreodenoticias.com.mx/noticias/noticia.php?id=243453#sthash.DgwmTSqR.dpbs
