Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- La exportación de bienes y servicios mexicanos –entre ellos los turísticos– caerá 7.4 por ciento en 2020, debido a los embates de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“La disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y el Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región”, se lee en el informe “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19”, que fue dado a conocer este día.
De acuerdo con Cepal, en un escenario con una desaceleración de los ingresos por turismo del 10 por ciento en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se reduciría 0.3 por ciento. Y si el descalabro del turismo mexicano fuera de 30 puntos porcentuales este año, el golpe al PIB sería de 0.8 por ciento.
La caída general de los bienes y servicios de exportación de México por el clima de recesión internacional, junto con la caída de los precios del petróleo y los estragos del COVID-19 tendrá efectos de retracción en el desarrollo económico que resentirán, principalmente, las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 97 por ciento de la planta empresarial mexicana, de acuerdo con Bárcena Ibarra.
En ese sentido, la secretaria ejecutiva de Cepal mencionó que el riesgo es el de un aumento en los niveles de pobreza, no sólo en México, sino en toda la región de América Latina y el Caribe, por la desaceleración de las cadenas productivas.
“A nivel regional, si hubiera por ejemplo una caída del ingreso de la población económicamente activa del cinco por ciento, tendríamos un aumento de la pobreza extrema de 67.5 a 82 millones de personas”. Si fuera una caída del 10 por ciento, la población en pobreza pasaría de 67.5 a 90 millones de pobres”, explicó la diplomática mexicana.
Pese a la crisis social y económica que vive el mundo este año, Bárcena reconoció que México tiene la “gran ventaja” de tener programas sociales de transferencia de recursos a poblaciones vulnerables, como en el caso de las personas de la tercera edad.
“México previo a la pandemia, digamos, [porque] ha estado cubriendo a los adultos mayores con mayor énfasis en las poblaciones indígenas”, explicó. Sin embargo, la titular de Cepal reconoció que la inversión del sector público tendrá que ser más amplia para evitar el colapso de la economía y aplanar la curva de crisis por el COVID-19.
“La Cepal ha calculado que si hubiera una transferencia por un salario mínimo mensual de México a la población [de 11 millones de personas] entre 18 y 67 años que hoy no reciben ingreso o transferencias, […] este programa costaría aproximadamente dos por ciento del PIB”, o bien, un aproximado de 498 mil millones de pesos por un año. Si este programa sólo se aplicara entre abril y diciembre de 2020, la aplicación del estímulo económico a la población sin ingresos sería de 374 mil millones de pesos.
La recuperación después de la crisis de este año será de dos puntos porcentuales del PIB en 2021, de acuerdo con estimaciones de la Cepal para América Latina y el Caribe. Pero que ello suceda, dijo Bárcena, dependerá de los niveles de desempleo, el grado de caída del consumo interno de los países, los estragos en las cadenas productivas de valor y las políticas públicas para atender a las poblaciones más endebles.
Entre las ventajas de México ante la crisis, Bárcena consideró su cercanía con Estados Unidos, una “sofisticada” banca de desarrollo que puede apoyar al sector público, el acceso a financiamiento internacional a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, además de una “adaptabilidad industrial muy interesante”, que hace que las empresas mexicanas se estén “reconvirtiendo” para producir bienes necesarios (como mascarillas y gel-alcohol); una situación que “nos habla de países con capacidad instalada para adaptarse”, pero a los que aún les hacen falta políticas de integración regional, para crear un mercado interno en América Latina y el Caribe.
Sobre este último punto, la secretaria reconoció que el sector público será “lo que nos va a sacar adelante”, ya que será necesario que el Estado apuntale el ingreso de las personas y facilite la producción a través de acciones gubernamentales de la mano con el sector privado, pero con miras a trabajar con otros países, en lugar de seguir la tendencia de regionalización (o proteccionismo) de la economía que se observa a nivel mundial.
“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. […] El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades acumuladas”, indica el informe de Cepal.
Pese a las fortalezas de México, Bárcena reconoció los importantes retos que enfrenta en materia de personal e infraestructura médicos, que comparte con la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, que cuentan con menos camas censables y médicos por cada mil habitantes, que lo recomendado a novel internacional.
“Las desigualdades de la región en términos de acceso a la salud profundizan los costos económicos y sociales de la crisis”, dijo al respecto Bárcena.
CRISIS Y CONTENCIÓN
De acuerdo con Cepal, “la acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la expansión del virus mediante el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social”.
No obstante, el organismo internacional señala que a pesar de que dicha medida tiene impactos positivos para la salud al aplanar la curva de contagio, también afecta a la actividad económica, “pues el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y da lugar a la consiguiente reducción de la demanda agregada de bienes y servicios”.
Para Alicia Bárcena, “el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia”, cuyos estragos “nos toman muy mal parados” en América Latina y el Caribe, porque llevamos 7 años de bajo crecimiento económico.
América Latina y el Caribe afrontan la pandemia “desde una posición más débil que la del resto del mundo”, considerando que la región “creció a una tasa estimada de apenas 0.1 por ciento en 2019, y los últimos pronósticos de la Comisión, realizados en diciembre pasado, preveían un crecimiento de 1.3 por ciento para 2020”.
Sin embargo, “una aproximación conservadora a partir del impacto de la pandemia, con los datos que aún se van consolidando, han llevado a la CEPAL a proyectar un crecimiento negativo de -1.8 por ciento para la región, con probables sesgos a la baja. Incluso antes de la difusión del COVID-19, la situación social en América Latina y el Caribe se estaba deteriorando, con el aumento de los índices de pobreza y de extrema pobreza, la persistencia de las desigualdades y el descontento social generalizado. En ese contexto, la crisis tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como en el empleo y la pobreza”, señala el organismo.
A corto plazo, los efectos del COVID-19 traerán consigo mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza entrema, así como mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso a los sistemas de salud.
A mediano y largo plazos, Cepal prevé que los efectos negativos generen quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico e integración en las cadenas de valor, con deterioro de las capacidades productivas y del capital humano.
Para luchar en contra del virus que infecta a la economía mundial, Cepal urge la necesidad de que los gobiernos apliquen estímulos fiscales por “un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos”.
Además, la organización encabezada por Bárcena Ibarra aconseja el reforzamiento de los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables, la garantía de liquidez a las empresas por parte de los bancos centrales para “garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero”, además de la cooperación internacional para diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros, con la finalidad de apoyar a los países que se enfrentan a la presión fiscal.
Este último punto también incluye “levantar sanciones a los países sujetos a ellas para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y acceso a pruebas de COVID-19 y asistencia médica. Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, refiere Cepal en su informe.
En última instancia, añade, “la única solución sostenible a los problemas socioeconómicos generados por el COVID-19 será la contención coordinada del virus. La escala, la velocidad y el alcance de su expansión requiere una mayor coordinación de las políticas multilaterales. Esta pandemia tiene el potencial de dar nuevas formas a la geopolítica de la globalización, y es también una oportunidad para recordar los beneficios de las medidas multilaterales e iniciar acciones muy necesarias para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo”.
Fuente:
Por Efrén Flores-https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760974
