Prácticamente se da por descontado que el próximo Gobierno va a endurecer la presión tributaria sobre el campo a través de un incremento en las retenciones, ante la necesidad de mayores exigencias fiscales. Pero, ante esta situación, la consultora Ecolatina estima que “las diferencias no son significativas como para que dicho movimiento tenga impactos importantes en el nivel de exportaciones y/o en el nivel de actividad de 2020”.
La consultora consideró que, “partiendo del esquema de retenciones vigente hasta 2015, es probable que se imponga un sistema de gravámenes diferenciales, en donde a mayor valor agregado, la carga impositiva se relaje”. En este sentido, “sobresale que un 60% de las exportaciones de maíz corresponden al grano en bruto, mientras que en el caso de la soja las ventas externas del poroto representan sólo el 10% del total. En consecuencia, también por esta vía es posible que la pérdida de rentabilidad del complejo maicero sea mayor”, agregó. Vale destacar que en los primeros nueve meses de 2019, dos de cada tres dólares que ingresaron al país por ventas externas de bienes correspondieron al sector agropecuario. En esta línea, la consultora destacó que el número será similar en 2020, dado que “no habrá cambios estructurales en el corto plazo y que los intentos por diversificar las exportaciones no han arrojado grandes frutos”.
La consultora publicó un artículo a partir de la preocupación para el año que viene con respecto a los vencimientos de servicios de deuda pública relevante, especialmente aquellos nominados en moneda extranjera, que ascienden a u$s20.000 millones (5% del PBI). “En un contexto de mercados de crédito cerrados donde el nuevo Gobierno podrá intentar abrirlos para refinanciar una parte de los compromisos, el ingreso de divisas por exportaciones netas cumple un papel central”, señaló.
Considerando los envíos al exterior de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, alrededor de un 40% corresponden a soja y maíz. “Si bien estos productos suelen cosecharse y exportarse en el segundo y tercer trimestre de cada año y que, dadas las nuevas regulaciones cambiarias, se liquidan en ese mismo período, su proceso de siembra va de agosto a diciembre”, declaró Ecolatina. “En 2019, este período abarca desde las elecciones primarias hasta la asunción del próximo presidente. En consecuencia, se da en un período de elevada incertidumbre para el productor”, agregó. Todo esto en un contexto donde la falta de precisiones tuvo un impacto negativo sobre las perspectivas de intención de siembra de maíz: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) redujo casi 3,4 p.p. de lo proyectado a comienzos de año, pasando de 6,4 millones de hectáreas a 6,2 millones. En cambio, las proyecciones para la siembra de soja aumentaron en 200.000 hectáreas (+1,1%).
Ecolatina señaló que “el cereal es parte esencial de la canasta básica argentina, algo que no pasa con la soja. Producto de las especulaciones en torno a la sanción de una ley de “emergencia alimentaria” u otras políticas que intenten abaratar el precio interno de los alimentos, las chances de la aplicación de derechos de exportación al maíz se incrementan”. “Más allá de la efectividad concreta de la medida, esta aspiraría a garantizar precios internos bajos reforzando la oferta en el mercado local de alimentos”, estimó.
*Fuente: https://www.ambito.com/
