CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) – El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en ingles) contiene una serie de condiciones, distintas al tratado original, que de no cumplirse implicará la aplicación de aranceles a los envíos de mercancías entre los socios comerciales de Norteamérica y en algunos casos concretamente para México.
“Contrariamente a las afirmaciones del presidente Trump, el nuevo pacto retrocede en este aspecto crítico (integración regional) e impone nuevas restricciones que impedirán el comercio y la inversión regionales, rezagando el crecimiento económico”, advierte en un análisis, Jeffrey J. Schott, socio senior del staff de investigación del Peterson Institute for International Economics.
El mejor ejemplo recae en las reglas pactadas para el sector automotriz, entre las que se distingue unmayor contenido regional. Para no pagar aranceles, los autos que se fabriquen en la región deben tener el 75% de sus suministros proveniente de los tres países, hasta ahora es el 62.5%, llegar al nuevo nivel implicará para las automotrices modificar su cadena de suministros.
Cumplir puede resultar costoso para las empresas y podrían optar por usar componentes de cualquier país y aceptar pagar la tarifa de la Nación Más Favorecida (NMF), dice Schott en su análisis Un paso atrás en comercio e inversiones para México, Canadá y Estados Unidos. Si los fabricantes optaran por esta vía, los automóviles ligeros pagarían una cuota de 2.5% de su valor en aduana, pero los productores de camiones tendrían que pagar un arancel de hasta 25%.
Al respecto, Fernando Ruiz, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) explica que a partir de la entrada en vigor del USMCA, previsto en 2020, existe un plazo de transición de tres años para cumplir con esta disposición.
Otra limitante en materia automotriz es que 40% del contenido regional debe provenir de zonas de alto salario, más de 16 dólares por hora, una condición que en automático excluye a México pues su nivel salarial ronda 3.5 dólares por hora, explicó Ruiz.
“El hecho de que se haga referencia a una zona de altos salarios no nos gusta, pues consideramos que es una condicionante para el libre comercio”, expresó Móises Kalach, en conferencia de prensa el pasado 2 de octubre.
Las condiciones no paran ahí. Para comercializar libre de arancel productos de la industria del acero, de confección y electrónica también debe cumplirse un mayor contenido regional, aunque resulte más costoso adquirir algunas materias primas en la región.
Los productos manufacturados intensivos en acero (autos, lavadoras, muebles, estufas) requerirán que el 70% de este metal provenga de México, Estados Unidos o Canadá. En el sector de confección, paso algo similar, pues se requerirá que los elásticos y los cierres de las prendas de vestir sean de origen regional.
Otra tema que puede limitar el libre comercio para México, es el capítulo laboral. Los negociadores mexicanos se comprometieron a aprobar un marco legislativo que garantice la libertad sindical, además de la ratificación de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien las reglas están consideradas para su aprobación como parte de la reforma laboral mexicana, incluirlas en el tratado da la pauta a que EU promueva prohibiciones comerciales o vetos en contra de empresas mexicanas bajo el argumento de que no cumplen con lo establecido en el nuevo acuerdo, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en una entrevista para la revista Expansión en septiembre.
Al respecto, Fernando Ruiz señala que podrá haber tiempo suficiente para que se aprueben estas condiciones en el Congreso mexicana, especialmente para destrabar la reforma al Sistema de Justicia Laboral.
La nueva versión del tratado comercial tiene un poder limitado como instrumento que promueve las inversiones entre los socios, como lo hacía el original. “Más bien alienta a los inversionistas a elegir al mercado de EU en lugar del de sus socios”, refiere el investigador del Peterson Institute.
Lo anterior se logra con límites claros en el capítulo de solución de controversias Inversionista-Estado, que ya no aplicará como mecanismo para los inversionistas de todos los sectores sino concretamente para la industria de telecomunicaciones, energía, e infraestructura.
El tratado también incluye un capítulo que , según Schott, busca desalentar a México y Canadá de profundizar sus relaciones comerciales con China y otras economías de no mercado. Un capítulo del tratado obliga a los socios a notificar a los socios 30 días antes de firmar un acuerdo con una economía que no sea de libre mercado, para permitir su revisión y el análisis del impacto en la relación comercial de los socios norteamericanos.
