México ha garantizado a los legisladores y al gobierno de Estados Unidos que cumplirá con todos sus compromisos en materia laboral establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.
La funcionaria dijo que una parte medular de esos compromisos es la puesta efectiva de los tribunales laborales en todo el país, para los cual se autorizó no sólo el presupuesto necesario, sino también se detalló una estrategia de implementación.
En realidad se trata del presupuesto destinado a los tribunales laborales que es un componente central en la estrategia de la puesta en marcha de la reforma laboral”, dijo Márquez.
Los legisladores demócratas pidieron a México que los compromisos presupuestales fueran establecidos por escrito por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual hizo comprometiendo un presupuesto multianual de 923 millones de dólares hacia el término del sexenio.
Sólo el año próximo, el presupuesto programado será de casi 70 millones de dólares.
“Con el presupuesto asignado para la Secretaría del Trabajo, va a ser posible poner en marcha una estrategia regional; va a comenzar primero en unos estados y, de ahí al 2023, van a estar en plena implementación los tribunales federales, que son los que van a sustituir a las juntas (de conciliación y arbitraje)”, añadió.
Además, como parte de la reforma laboral, se sustituirán las actuales juntas de conciliación y arbitraje, dependientes del Poder Ejecutivo, por tribunales laborales federales y locales, ahora dependientes del Poder Judicial, y se crearán centros de conciliación federales y locales, así como un centro de registro de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional.
También se revisarán cerca de 550,000 contratos colectivos de trabajo que solicitarán ser legitimados, en su caso, remplazados mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.
“Creo que el presupuesto es importante, pero también es muy importante no arrancar la reforma y ponerla en marcha en vigor al mismo tiempo en todo el país, porque a lo mejor habrá que hacer algunos ajustes y si lo hiciéramos todo de golpe, perderíamos esa oportunidad de ir haciendo los ajustes oportunos”, argumentó Márquez.
En tanto, Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), ha descrito la reforma laboral de México como una mejora relevante, pero algunos legisladores siguen preocupados por los desafíos de implementación.
A la vez, la USTR y legisladores demócratas se han acercado en sus posiciones para evitar la capacidad de los países de bloquear el levantamiento de paneles de solución de controversias.
Otros interesados y miembros del Congreso ven los esfuerzos de reforma de México como un paso positivo hacia adelante y señalan que el capítulo laboral del T-MEC va más allá que otros tratados de libre comercio de Estados Unidos.
El jueves, Jesús Seade viajó a Canadá para discutir más detalles con Chrystia Freeland, vice primera ministra de Canadá.
En general, Freeland afirmó que Canadá apoya en gran medida el trabajo realizado por Robert Lighthizer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y funcionarios mexicanos para poner a votación finalmente el T-MEC en el Congreso estadounidense.
El jueves se celebró en Estados Unidos el día de Acción de Gracias, fecha que había sido puesta como límite en primera instancia para llegar a un acuerdo en Estados Unidos y someter a votación el T-MEC, aunque en teoría, aún es posible presentar el acuerdo durante las dos primeras semanas de diciembre.
