El próximo 22 de diciembre entrará en vigor el Decreto de reforma a la Ley Aduanera publicada el pasado 25 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), rubricada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, cuya consecuencia será un encarecimiento de hasta 15% en las tarifas que establecen las terminales portuarias.
Luego de intentar frenar este decreto sin éxito, la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) prevé que la única forma de evitar el encarecimiento en los puertos será entablando juicios de amparo, cuyo objetivo es no restar competitividad al país en materia de comercio exterior.
El Director General de este organismo, Jaime Aguilar, sostuvo que el Decreto es confuso y podría convertirse en una herramienta con fines únicamente recaudatorios, en perjuicio de los ingresos de las terminales y cuyos incrementos en tarifas terminarán pagando los consumidores finales.
Según la ATOP, las terminales, al fungir como recintos fiscalizados, pagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vía las Aduanas una contraprestación por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; independiente de lo que pagan a las Administraciones Portuarias Integrales (API) por uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en las que operan bajo contrato de cesión parcial de derechos, donde además ofrecen diversos servicios previstos en la Ley de Puertos.
Sin embargo, con este decreto que reforma a Ley Aduanera, las terminales tendrían que pagar tanto a la API como a la SHCP la contraprestación por dichos servicios, además de la contraprestación que ingresan a esta última dependencia por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, donde radica el doble pago, y por lo que se encarecerían los puertos.
De acuerdo con Jaime Aguilar, se buscará próximamente entablar un diálogo con el actual gobierno y legislatura con el fin de dar marcha atrás a la medida
