CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En noviembre de 2018, integrantes del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador viajaron a China invitados por el presidente Xi Jinping, con todos los gastos pagados, para participar en la Feria de Importaciones.
Aunque el ahora canciller Marcelo Ebrard y la actual titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, contaban con partidas autorizadas para viajes como parte del presupuesto para el proceso de transición presidencial por 150 millones de pesos, decidieron aceptar la invitación con boletos de avión pagados por el gobierno chino, así como el hospedaje, confirmó un exfuncionario que conoció la decisión.
Para evitar conflictos de interés, la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por el gobierno de López Obrador y que previsiblemente será aprobada en septiembre próximo, prohíbe en su artículo 21 a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal “recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva o viaje o servicio que beneficie a su persona o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad”.
De haber estado en vigor la Ley de Austeridad Republicana, ni Ebrard ni Márquez hubieran podido aceptar el viaje patrocinado por el gobierno de China, uno de los países con los que el gobierno federal quiere establecer mayores vínculos comerciales y de inversión.
En julio pasado Ebrard regresó a China ya como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y durante tres días marcó la ruta para ampliar los vínculos con ese país. Sin embargo, en opinión de representantes de las cúpulas empresariales de México, el gobierno federal enfrentará problemas para dar seguimiento a esos planes, porque la Ley Federal de Austeridad Republicana también prohíbe las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. México, desde enero pasado, ya no tiene representantes comerciales y del sector agropecuario en China, por ejemplo.
“Simplemente se les pasó la mano en materia de austeridad y afectará al comercio exterior”, dice al respecto, en entrevista, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega. Y apunta: “Urge que nos pongamos de acuerdo el Estado y la iniciativa privada sobre cómo le vamos a hacer a fin de no perder esa oportunidad para el desarrollo del país que son las exportaciones, así como la solución de controversias y promoción o el tema de alguna plaga o emergencia. Sólo nos preguntamos quién lo va a atender”.
Una vez aprobada en el Senado la Ley de Austeridad Republicana, la SE y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tendrán que concluir, en un plazo máximo de 180 días, el cierre de sus oficinas de representación en el extranjero, así como el despido y liquidación de sus equipos de trabajo: más de 32 funcionarios especializados en comercio exterior y acreditados como diplomáticos ante el Servicio Exterior Mexicano.
Alerta por comercio exterior
La alerta en el sector privado se activó ante las repercusiones para el comercio exterior, sobre todo en materia de controversias como las que se mantienen con Estados Unidos, un poderoso socio comercial que busca frenar el ingreso de productos mexicanos, así como en las negociaciones de nuevos acuerdos.
Además, para México la decisión de cerrar estas representaciones limita la capacidad de respuesta ante el nuevo tono de las relaciones y ofensivas comerciales que caracteriza al gobierno de Donald Trump.
“Se está cayendo en el aislamiento de México a nivel internacional, y cuando te aíslas tienes posiciones reactivas frente a potencias globales, pero tú no tienes una estrategia”, considera a su vez, en entrevista por separado, Carlos Heredia, catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y asociado fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Con Estados Unidos, México concentra 78.5% de las exportaciones del sector agroalimentario, según el CNA.
México ha firmado 13 tratados de libre comercio con 50 países, además de siete acuerdos de alcance parcial. El último es el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, que involucra a Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Vietnam y Singapur. También se espera el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y, por supuesto, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: el T-MEC.
Entre los asuntos que deberán atenderse en el corto plazo también están las ampliaciones de tratados de libre comercio como el que se tiene con Argentina o con Brasil. Todo eso tendrá que hacerse sin la infraestructura que tenía la SE en el exterior hasta hace algunos meses y sin la posibilidad de contratar asesores externos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América el Norte se invirtieron más de 990 millones de pesos en servicios especializados de comercio exterior y asesorías, sin procesos de licitación y con gran discrecionalidad.
Sin embargo, los representantes del sector privado estiman que la desaparición y reducción de oficinas especializadas de la SE dentro y fuera del país excedió el cálculo del costo-beneficio, no sólo para las empresas que exportan sino para toda la economía.
Para Márquez Colín, sin embargo, no habrá crisis por el despido de sus responsables de las oficinas de representación en el extranjero.
Además de las oficinas en el exterior, la SE cerró las oficinas de atención a exportadores en el país. De las 37 delegaciones federales de la dependencia sólo se autorizó la permanencia de 11, donde el sector exportador tendrá que realizar todos los trámites de exportación e importación de productos. “Podría generarse un cuello de botella”, lamenta Bosco de la Vega.
“De ninguna manera habrá problemas porque tenemos funcionarios altamente capacitados para solucionar las controversias”, reitera a Proceso Márquez Colín.
La Ley de Austeridad sólo permitirá representaciones en el extranjero vinculadas con las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. Los embajadores y sus equipos diplomáticos deberán ocuparse de los temas comerciales que involucren los intereses comerciales del país y de su sector empresarial.
Además, luego de la desaparición de ProMéxico, las embajadas también deberán buscar inversiones extranjeras y promover los productos mexicanos en mercados del exterior. La extinta agencia para impulsar las inversiones operaba con un presupuesto superior a mil millones de pesos y tenía oficinas en ciudades como Milán, París, Ámsterdam, Bombay y Estambul. También fueron cerradas. El presupuesto de ProMéxico no era mayor al que se asigna a la delegación del IMSS en Tlaxcala.
La SE ya no podrá mantener sus ocho representaciones comerciales ni a los 32 funcionarios especializados en comercio exterior, que representa más de 75% del PIB.
Al cierre del primer semestre, el comercio exterior se convirtió en uno de los motores más poderosos del tímido crecimiento del PIB, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Cualquier retroceso en la expansión de esa actividad afectará la tasa de crecimiento del PIB que este año apenas alcanzaría una tasa de 1%.
Las oficinas de la SE en proceso de ser liquidadas operan en Washington y Ottawa para atender el T-MEC; en Uruguay, para los temas con la Asociación Latinoamericana de Integración; en Tokio, a fin de resolver asuntos del Tratado Bilateral con Japón; así como en Bruselas, Beijing y Hong Kong.
Para atender temas agroalimentarios, la Sader también contaba con representantes y oficinas en Bruselas, Washington y Tokio. Todos han sido despedidos o están en proceso de cobrar su liquidación.
Bosco de la Vega externa su preocupación por la eficiencia y eficacia con la que la SE –con recursos humanos y materiales muy limitados– podrá atender las necesidades de representación comercial y de los intereses del país en el extranjero, porque la Ley de Austeridad también establece límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público. “Ya se perdieron los agregados agrícolas de Canadá y de China y eso nos coloca en una situación preocupante”, señala.
Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dice a Proceso que en la SRE Martha Delgado es la responsable de escuchar las inquietudes del sector empresarial sobre este asunto. Delgado es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y ahora coordina las propuestas que realiza el sector privado para no perder las representaciones comerciales. Del Valle, que representa a los principales empresarios del país, asegura que esperan una respuesta positiva.
Entre los funcionarios con mayor conocimiento del comercio internacional y de la promoción de inversiones, según el CNA, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y el CMN, se encuentran Sergio Inclán, representante de la SE en Japón; Héctor Cortés, de la Consejería Agropecuaria de México en Japón; Gerardo Lameda, representante de la SE en Washington; Jaqueline Márquez, en Otawa; Roberto Zapata en Ginebra y Jimena Caraza en España. Esta última podría integrarse a la Embajada de México en Madrid.
Pero las representaciones de la SE en el extranjero también han registrado excesos.
En su revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2014, la ASF auditó el presupuesto de 83.9 millones que la SE ejerció a nivel central en la operación de las oficinas en el extranjero, las cuales despachaban 34 servidores públicos asimilados al Servicio Exterior Mexicano en las nueve representaciones de la dependencia. Por concepto de sueldos se erogaron en ese ejercicio 45.9 millones de pesos, a través de nóminas ordinarias o extraordinarias.
Ese año la ASF instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos de la SE que corrigiera las irregularidades detectadas en pagos adelantados. “Se constató que, en 2014, en siete representaciones se pagaron sueldos de 32 funcionarios radicados en esas representaciones, de entre 4 días y 27 días antes de su devengo por un importe de 35,459.6 miles de pesos, que representa el 42.2% del total ejercido”.
La ASF recomendó a la secretaría que fortaleciera sus mecanismos de control y supervisión para garantizar que el destino de los recursos solicitados por las representaciones en el extranjero se ajustara a los sueldos efectivamente devengados por los funcionarios radicados en el exterior.
El mismo año la ASF pidió promover una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en la SE para investigar por qué se expedían pagos anticipados a los 32 funcionarios de las representaciones extranjeras, contraviniendo disposiciones de la administración pública federal. También se pagaron primas vacacionales en exceso.
IP, a favor
Con la aplicación de la Ley de Austeridad en materia de resolución de controversias y promoción de las exportaciones e inversiones, el sector privado llega a los peores pronósticos.
La decisión de liquidar la operación de ProMéxico y redirigir su presupuesto por al menos mil millones de pesos a otros sectores, así como las representaciones de la SE y la Sader, fue acompañada por el anuncio de que las misiones diplomáticas se encargarían de esas tareas. Ahora, la promoción de las inversiones en México compite con 170 organismos especializados dedicados a esa tarea en las principales economías del mundo.
Sin embargo, de acuerdo con información de la SRE, son pocas las embajadas –no más de 18– que tienen personal diplomático con una formación específica en consejería comercial, económica o administrativa. El énfasis en las representaciones diplomáticas es en las consejerías políticas.
Heredia, catedrático del CIDE, considera que el proyecto de austeridad del gobierno federal tendría que observar si en las representaciones diplomáticas se cuenta con el personal con conocimiento especializado en comercio exterior y no generalistas. También se debería observar si se cuenta con los recursos adicionales materiales y humanos para dedicarle horas de trabajo adicional a las necesidades de los exportadores.
Por ello, ante la confirmación de que con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana no habrá vuela atrás en el cierre de las representaciones y en el despido de los 32 funcionarios de la SE, el CNA decidió contratar directamente al representante del sector agroalimentario para China.
El CNA pagará los servicios de Carlos Aldeco Reyes-Retana, excoordinador de la oficina de la Sagarpa en China entre marzo de 2014 y enero de 2019. El problema, reconoce De la Vega, es que para mantener el nivel de actividades relevantes para el sector en China, la SRE debería permitir que Aldeco trabajara en la embajada mexicana en aquel país y ostentar acreditaciones diplomáticas.
La representación del sector también está en riesgo en Estados Unidos, cuando se presentan controversias comerciales que afectan a los productores de tomate y aguacate. El pleito arancelario contra el acero mexicano es otro de los grandes temas en la cartera de la Unidad de Prácticas Comerciales de la SE.
“Necesitamos sumar –agrega De la Vega– y proponemos que, si el sector privado se va a encargar de esas áreas, lo que invirtamos que nos lo hagan deducible de impuestos, porque es la responsabilidad del Estado promover el comercio, por ello nos cobra impuestos sobre todas las actividades que generan riqueza”.
Sobre las oportunidades que podrían perderse sin representación comercial, especifica: “En China estamos queriendo incrementar las exportaciones y se acaba de firmar el protocolo de plátano y viene el de sorgo”.
La misma crisis podría presentarse en Japón, un mercado que cuando Estados Unidos sale del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se convierte en una gran oportunidad para México.
Carlos Heredia considera complicado el esquema mixto que propone el sector exportador para recuperar la operación del representante comercial y agropecuario en China mediante la contratación directa de Aldeco:
“A una persona que no es funcionario público no le puedes dar una acreditación diplomática. Puede ser una idea innovadora pero no se ajusta a la institucionalidad que tiene hoy la Cancillería; aunque pagara el sector privado habría recursos públicos comprometidos. El esquema podría no ser viable”.
Hasta ahora, la indicación directa de López Obrador es que se trabajen las controversias comerciales y asuntos relevantes para el sector desde México y sólo en caso extremo se solicite la autorización para viajar. Además, que la SRE encabece todos los esfuerzos en el exterior.
Pero los funcionarios de la SE que en las últimas semanas han tratado de seguir las instrucciones de la Presidencia y de Márquez Colín se han encontrado con la realidad de que en la SRE y en las embajadas los funcionarios son generalistas y no conocen a fondo la política comercial del país.
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