ello tras considerar que las funciones de la autoridad portuaria en cuanto a formulación de políticas, supervisión, concesiones y penalizaciones, le pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en específico a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Esta información surge en un contexto donde dicha Coordinación podría elevar su rango al de una Subsecretaría más dentro de la SCT, si es que se aprueba el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT, hoy sometido ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México, publicada por la OCDE recientemente, deja ver que a pesar de que México se trasladó con las reformas portuarias de 1993 a un modelo de titularidad, en la práctica la autonomía de las corporaciones portuarias está “bastante limitada”.
Como parte de estas reformas, se le permitió a los puertos una autonomía administrativa y financiera a través de la creación de las API. Sus funciones principales son el manejo y el aprovechamiento de los puertos mexicanos. Sin embargo, las funciones de la autoridad portuaria siguen concentradas en la Coordinación de Puertos.
Bajo este escenario la OCDE señala que México debería considerar pasar a la siguiente etapa del modelo de titularidad (en el que las funciones de la autoridad portuaria son públicas, pero están disociadas de las operaciones de la terminal, que se encuentran a cargo de entidades privadas), en las que más funciones regulatorias podrían ser transferidas a las API.
Como parte de la delegación de funciones que propone la Organización, las API deberían obtener una mayor autonomía financiera, lo que podría incluir conservar parte de las ganancias que generen y la posibilidad de establecer asociaciones con instituciones financieras. Por ejemplo: el puerto de Rotterdam –el mayor de Europa- que se encuentra constituido con la Alcaldía de Rotterdam y el Estado como asociados; y forma que es libre de usar las ganancias que produzca fuera del dividendo acordado con sus socios, algo que en México no ocurre.
De este modo, el documento evidencia que, en comparación con muchos puertos de naciones pertenecientes a la OCDE, las API aún son mayoritariamente dependientes de los departamentos federales, obstaculizando las decisiones óptimas de inversión para cada puerto individual.
