Cancún en particular una ciudad conflictiva para las apps de transporte. Ahí, Uber comenzó operaciones en septiembre de 2016 pero debido a la presión de taxistas, el Congreso del estado «apresuró» una Ley de Movilidad que en teoría, les daría una categoría particular a las apps.
Uber manifestó su desacuerdo con algunas de las condiciones que se platicaban estarían dentro de la ley, y anunció su cese de operaciones en Cancún en diciembre de 2017 para, dijeron, facilitar el proceso legislativo. A pesar del movimiento, casi nada ha resultado como lo han esperado.
Uber debería tramitar concesiones en Cancún
En su momento la empresa explicó que el esquema de concesiones «atenta» contra la flexibilidad que la tecnología permite, puesto que los socios no suelen ser conductores de tiempo completo, de manera que obligarlos a hacer el pago correspondiente a una concesión sería injusto.
«Las autoridades de Quintana Roo parecen no querer estar a la altura de las grandes regulaciones que favorecen el uso de la tecnología y en su lugar responden a las presiones de ciertos grupos de poder»
Así las cosas la empresa solicitó un amparo que obtuvo en diciembre de 2018, por el cual se cancelaron varios lineamientos de la Ley de Movilidad. Uber debía entonces hacer su registro ante el estado de Quintana Roo para comenzar a operar, pero el registro fue negado por autoridades del estado. Aún así, Uber decidió volver amparado bajo la resolución de la suspensión a la ley.
Ahora, este miércoles 5 de junio el juez federal Ricardo Ruiz del Hoyo ha dicho que siempre sí, Uber debe operar como transporte público. El asunto no es menor, al haber sido elevado a un juzgado federal el caso podría sentar precedente para la operación de Uber en otros lugares.
La sentencia fue consultada por El Universal, y en ella se lee:
«El servicio de transporte que se gestiona a través de plataformas electrónicas reúne los perfiles jurídicos esenciales que constituyen a un servicio público»
La resolución se da a conocer a tan solo unos días del macro bloqueo hecho por taxistas, que demandan un «piso parejo» en relación con los conductores de Uber, toda vez que en Ciudad de México los segundos no están obligados a tramitar una concesión, sino un permiso.
Mientras tanto los taxistas no están contentos, y están amenazando con hacer nuevas movilizaciones
Los taxistas han tomado parte, y han asegurado que el que Uber regrese a Cancún sin haber tramitado concesiones es «una medida desesperada de la trasnacional» ante la resolución del juez. El asunto solo se pone más serio cuando el sindicato dice que las operaciones de Uber es una «abierta provocación hacia los socios concesionarios» y «pudiera generar violencia por la disputa del pasaje».
Todo el caso demuestra que en México se sigue sin tener claro cómo regular a las apps de transporte. El camino que se está tomando en Cancún es muy distinto por ejemplo al que se recorre en Ciudad de México y otras partes del país.
En Ciudad de México legalmente el transporte por apps no puede recibir pagos en efectivo, no necesitan tramitar una concesión pero sí un permiso que cuesta 713 pesos, una licencia E1, el curso correspondiente (que organiza la misma asociación que certifica a taxistas) y los autos no deben tener un valor factura menor a 250,000 pesos.
La Ley de Movilidad de Quintana Roo coincide con la de Ciudad de México en torno a los pagos en efectivo, a pesar de que en octubre de 2018 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del cobro en efectivo.
Esa sentencia fue la utilizada por el juez Ricardo Ruiz del Hoyo para permitir a Uber y similares que cobren en efectivo en Cancún. De hecho, la sentencia podría ser usada en Ciudad de México por las mismas empresas para solicitar un amparo que les permita cobrar en efectivo.
Al final, la disputa sigue siendo sobre si Uber y compañía deberían tener la clasificación de taxis, o ameritarían una más, y en caso de que así fuera cuáles serían los aspectos que deberían compartir con los taxis. Desde luego no es lo mismo pagar por una autorización de 700 pesos que por una concesión de 40,000 pesos, como tampoco es lo mismo poder operar casi cualquier vehículo siempre y cuando su modelo no sea mayor a 10 años, que tener que trabajar con uno cuyo costo mínimo sea de 250,000 pesos.
