El coordinador estatal de Programas para el Desarrollo en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, explicó que se tiene previsto que en la ejecución del tren participen empresas nacionales y locales.
“Siempre hay el interés de que después del Tren Maya continúe el tren México-Querétaro, pero está en planes; habrá que irlo formalizando y qué bueno que se esté trabajando con eso y ha sido la idea del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se construya por la industria mexicana y ahí necesitamos a toda la industria nacional, la queretana, que participe en ello”, declaró.
Actualmente, dijo, los esfuerzos de la Federación están concentrados en la cimentación y conclusión del Tren Maya, previendo que en el transcurso del desarrollo de esta iniciativa se genere experiencia para llevar a cabo el TAV México-Querétaro.
Ante los derechos de vía que estarían próximos a vencer en septiembre del presente año, Herrera Ruiz refirió que en este caso se podría interponer una prórroga para garantizar la vigencia de los documentos.
Por tanto, añadió, es un tema que trabajarán directamente en las oficinas centrales del gobierno federal, previendo que se mantenga el proyecto y se lleve a cabo.
“Todo eso se puede arreglar porque ya se compraron (los terrenos); la gente, yo creo que no le interesa devolver el dinero por ese tema, continuamos, dado que es un proyecto que no se cancela de forma definitiva. Simplemente se puede hacer una prórroga al documento sin ningún problema (…) Pero estoy seguro de que ni el gobierno ni a los particulares les interesa que ese proyecto se cancele”, indicó.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha informado que el tren se mantiene en la cartera de proyectos del gobierno federal, estimando que para llevarlo a cabo se requiere de una inversión estimada en 50,000 millones de pesos.
En enero del 2015, el gobierno federal anunció la suspensión del proyecto, argumentando que su ejecución derivaría en presiones para el gasto público en los ejercicios fiscales subsecuentes al 2016, en torno a una serie de señalamientos por irregularidades presentadas en el proceso de licitación.
