Fuentes del sector indicaron que la propuesta que se turnó al Senado refleja un “gran desconocimiento” y no toma en consideración los cerca de 10 000 millones de dólares que ha invertido el sector privado en mejorar la redferroviaria.
Con la salvedad de reservar su identidad, porque existe un cabildeo a “muy altos niveles” para evitar que prosperen los ajustes, consideraron que dada la participación de empresas estadounidenses en el país (Kansas City Southern en sufilial mexicana y Union Pacific en Ferromex) se analiza la alternativa de acudir a instancias internacionales y, próximamente fijarán su posiciónal respecto.
El Economista solicitó la opinión de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) presidida por José Zozaya. Como respuesta se obtuvo que están en proceso de evaluación de la información sobre el tema, por lo cual “requieren de mayor tiempo”.
En su sitio en internet, el órgano de consulta ante el sector público, refiere que previo al proceso de privatización, el ferrocarril sólo movía el 14 de la carga total del país y actualmente contribuye con el 27% sin embargo, cifras de la SCT al cierre del 2012 muestran la siguiente participación:
Autotransporte de carga 56% transporte por agua 32% y transporte por ferrocarril 12 por ciento.
