Diez días después del terremoto en Japón, los organismos internacionales empiezan a hacer cálculos sobre lo que costará reconstruir el país. El Banco Mundial calculó ayer que la factura duplicará a la del terremoto en Kobe, acontecido en 1995, y se elevará a 166.000 millones de euros, lo que supone el 4% del PIB. El estudio, que compara ambas catástrofes, estima que el país nipón no recuperará su aspecto anterior en cinco años y que las relaciones comerciales no se normalizarán al menos en un año. Así lo aseguraron ayer las multinacionales tailandesas de piezas de automoción, que se han visto afectados por el cierre de gran parte de las plantas japonesas. De hecho, la firma nipona Subaru anunció ayer que aplazaba el lanzamiento mundial de su modelo Trezia por la falta de suministro eléctrico y de componentes. Ese frenazo también se ha sentido en España, donde la planta de General Motors en Figueruelas (Zaragoza) ha reducido turnos hoy y el próximo viernes, mientras que las de Citroën en Vigo y Madrid también se han visto obligadas a frenar la producción ante la falta de un componente procedente de Japón que se instala en los motores diésel.
El Banco Mundial prevé una recuperación más lenta que en Kobe (donde el ritmo previo de importaciones y exportaciones se alcanzó en un año) por lo afectada que está la industria de la automoción o la electrónica. Buena prueba de la escasez de la producción lo denunciaron ayer las grandes firmas de electrónica de Corea, que señalaron que el coste de algunos componentes se ha disparado un 20% por el recorte de la actividad en Japón, que supone el 36% de la producción mundial.
A la mayor lentitud de la recuperación puede contribuir la revalorización del yen. Tras alcanzar máximos desde 1945 el pasado viernes, el cambio de la moneda nipona se suavizó por la intervención de los países del G-7 para tratar de frenar la apreciación. Ese encarecimiento puede pasar especial factura a los países de su entorno. Japón es el primer comprador de deuda de Tailandia, Filipinas y Corea del Sur y el segundo en Malasia, Indonesia y Singapur. El Banco Mundial estima que cada punto que se aprecie el yen representa un coste anual de 176 millones de euros para el conjunto de esos países.
En medio de todas esas incógnitas, la Organización Mundial de la Salud dio la voz de alarma ayer ante la posibilidad de que algunos alimentos hubieran sido contagiados por la radiación. “La situación es mucho más grave de lo que nadie pensó en los primeros días. Es seguro que algunos productos contaminados salieron de la zona”, señaló ayer Peter Cordingley, portavoz de la OMS para el Pacífico. Esas palabras fueron ratificadas poco después por el Gobierno nipón, quién prohibió la venta de leche, espinacas y kakina (una verdura japonesa) procedente de Fukushima y de las provincias de Ibaraki, Gunma y Tochigi.
España por ahora no ha decretado ninguna medida cautelar. Desde el jueves, técnicos de aduanas toman muestras de los alimentos. El presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Roberto Sabrido, señala que el volumen de alimentos que España importa de Japón es bajo y es mayoritariamente pescado congelado. “Todo viene por mar en travesías que superan los cuarenta días. No se espera que llegue pescado capturado después de la catástrofe del 11 de marzo”, asegura.
