CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, aseguró que en México, a pesar de que se tiene la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la cual fue modificada en 2007, persiste déficit de semillas certificadas en cultivos básicos, por lo que se debe impulsar el acceso y la demanda de semillas de calidad, en especial a pequeños y medianos agricultores.
En el documento “Las semillas en México”, relató que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), el 85 por ciento de la semilla de maíz que se utiliza es producida en México, mientras que 95 por ciento de la de hortalizas es importada.
Detalló que en México se produce semilla de maíz, sorgo, arroz, chile, tomate y tomatillo. En el caso de las de chile y tomate, algunas empresas transnacionales las producen en México y se envían a Estados Unidos o Europa a beneficiarse y empacarse para volver a importarse como semilla para comercializarse.
En el caso de las gramíneas, como maíz, sorgo, frijol, arroz, soya, avena y trigo, las semillas se benefician en México para consumo nacional y exportación a otros países de Norte y Centroamérica. Además, en el país se ofrecen más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos.
El Centro de Estudios recordó que en 2014 se produjeron 320 mil toneladas de semillas de cultivos básicos, de las cuales 98 mil toneladas corresponden a maíz, alcanzando una cobertura del 66 por ciento de la superficie sembrada con este cultivo.
Para trigo y cebada, la cobertura con semillas de calidad producidas en México es prácticamente del 100 por ciento. En el caso de frijol se ha cubierto hasta el 9 por ciento de la demanda (9.4 mil toneladas).
En cultivos como arroz (60 por ciento de cobertura) y soya (100 por ciento de cobertura) se han tenido acciones específicas que han permitido incrementar el abasto de semillas certificadas nacionales, a través de convenios con los sistemas-producto.
Mencionó que de acuerdo con la demanda actual, las especies susceptibles para producir semilla y materiales de propagación en México, conforme a las condiciones agroclimáticas fundamentalmente son: maíz, trigo, frijol, arroz, avena, cebada, sorgo, soya, girasol, chile, papa, tomate, tomatillo, mango, papaya, cacao, café, canola, higuerilla, aguacate, fresa, durazno, manzano, flores y pináceas.
La industria semillera nacional, especialmente de maíz y sorgo, es la que actualmente satisface la mayoría del mercado nacional; se producen y distribuyen semillas de cultivos de alto valor comercial, para grandes agricultores en áreas favorables, enfocándose en aquellos con mayor capacidad de adopción de tecnología, que pueden cubrir la inversión de los insumos requeridos. Esta situación es entendible, toda vez que responden a una característica de mercado donde la oferta es directamente proporcional a la demanda.
Aseguró que el crecimiento y desarrollo de la agricultura están asociados al avance en ciencia y tecnología, en especial en materia de semillas y variedades vegetales, y que éstas son el vehículo de innovación que permite incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos, al incorporar resistencia a las condiciones adversas, reducir los costos, mejorar la calidad y atender las demandas.
Detalló que para hacer frente a los retos que demanda el incremento de la productividad, es necesaria una política agrícola enfocada a los pequeños agricultores, con herramientas de extensionismo, a fin de mejorar la calidad y oportunidad en la aplicación de los insumos, la adopción de mejores semillas, y facilitar el acceso a financiamiento, seguros y una adecuada comercialización.
El agricultor demanda semillas de calidad, de variedades que se adapten a la región y que cumplan con sus expectativas, y poder tener acceso a ellas a precios justos. Además, se requiere de una entidad que promueva la vinculación entre las instancias generadoras de investigación e innovación, el sector productivo y los agricultores, para reducir plazos, costos, facilitar el acceso a los agricultores a nuevas y mejores semillas.
Los actuales canales de comercialización y distribución de semilla de instituciones oficiales, universidades y algunos particulares, han visto coartada su natural salida al mercado por la falta de alianzas y capacidades de transferencia, por lo que los agricultores marginados y de bajos recursos no tienen acceso a semillas de alto potencial genético en sus parcelas.
De ahí, la importancia de que los agricultores cuenten con información confiable y oportuna sobre la disponibilidad de semillas y las variedades que se adaptan a cada región, por lo que un Sistema de Información de uso público resulta fundamental.
La información actualizada y verificada por la autoridad sobre las variedades de plantas aprobadas para cada zona y cultivo, es factor importante y necesario en la toma de decisión de los agricultores.
Las funciones de multiplicación, distribución y comercialización de semillas, principalmente de maíz de materiales de los centros de investigación, son llevadas a cabo por asociaciones de agricultores, pequeñas y medianas empresas, que no siempre cuentan con una supervisión ni certificación oficial de sus procesos de producción, dejando abierta la posibilidad de producir semilla con baja calidad y sin garantía para el agricultor.
Sin embargo, destacó que conforme a la legislación mexicana, no es obligatorio contar con procesos de registro de variedades, ni de certificación de la calidad de las semillas; por ello, la importancia de las tareas de fomento y divulgación sobre los beneficios del uso de semillas de calidad con niveles adecuados de garantía técnica y jurídica.
También, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como entidad responsable de estas acciones de registro, certificación y divulgación, no cuenta con los recursos materiales ni humanos suficientes para su óptima realización, por lo que es necesario ampliar los actores para la calificación de la calidad de las semillas, a fin de favorecer su fortalecimiento y enfoque en las acciones de regulación, vigilancia e información.
