El motivo de la baja se desprende del efecto de las medidas que están instrumentando autoridades de la Aduana de México y la Procuraduría General de la República (PGR) para detener contenedores en tránsito hacia otros países.
Las proyecciones realizadas por las compañías especializadas en maniobras portuarias se basan en el hecho de que las navieras que escalan el recinto están dejando de considerar a Manzanillo como puerto de transferencia para tránsitos continentales de contenedores que hacen conexión desde puertos de China y Taiwán, además de los de todo el lejano oriente para ser llevados a puertos de Centroamérica.
Una reciente crisis se dio con importadores guatemaltecos, que ya iniciaron un plan para evadir no sólo a Manzanillo sino también al puerto de Lázaro Cárdenas en sus tráficos de comercio exterior, debido a que autoridades mexicanas retuvieron desde el 2010, 250 contenedores con mercancía proveniente de Asia.
El destino final de esos productos con valor de varios millones de dólares, era el puerto de Quetzal, Guatemala, pero fue retenida con la justificación de un posible contrabando sólo por apariencias similares a marcas conocidas, a pesar de que la mercancía era legal y sólo estaba en tránsito por México.
La principal naviera que mueve el comercio vía marítima desde y hacia México, la francesa CMA-CGM que aquí encabeza Juan Manuel Aguayo, eliminará sus servicios de transbordo por la falta de seguridad jurídica para los contenedores en tránsito que, por ley, no pueden ser retenidos.
En Manzanillo opera la Terminal Especializada de Contenedores (TEC), la estadounidense Stevedorig Services of America (SSA) que dirige Francisco Kassian, además de Operadora de la Cuenca del Pacífico (Ocupa) que preside Hugo Herrera Mier y la Terminal Internacional de Hutchison Port Holdings (HPH) liderada por Jorge Lecona, que en total operaron en el 2010 un poco más de 1.5 millones de contenedores y que hoy podrían perder en una tercera parte.
La situación no sólo está afectando a Manzanillo, también las navieras que escalan el puerto de Lázaro Cárdenas como Maersk Line que dirige aquí Erik Bo Hansen, las alemanas Hapag Lloyd que presiden Alejandro Stenger y Hamburg Süd, ya estudian modificar sus rutas llamadas feeder hacia Panamá o Los Ángeles y Long Beach.
Así, las empresas consideran que están en medio de la incertidumbre y ya se aprestan a enfrentar el desplome del mercado de contenedores, el que consideran que es provocado por el propio gobierno mexicano. Mientras tanto, se desarrollan nuevas TEC en Manzanillo, tal es el caso de la concesionada a la firma filipina International Container Terminal Services (ICTS) para desarrollar y aplomar durante 30 años. En el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas hay un concurso en ciernes para una terminal de 102 hectáreas, adicional a la que ya tiene HPH, que opera 122 hectáreas. Es decir que existe capacidad sobrada para un mercado en declive.
El caso de Guatemala
La Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav), reportó que la unidad mexicana de investigación de delitos contra los derechos de autor y la propiedad intelectual retuvo los 250 contenedores con el argumento de “sospechosa de contrabando”.
De acuerdo con especialistas, la retención viola tratados internacionales pues, los propietarios de la carga presentaron ante autoridades mexicanas documentos que validan la legalidad de la mercancía.
Los importadores guatemaltecos tuvieron que contratar despachos de abogados mexicanos con el fin de poder liberar la carga y acreditar la legalidad de las exportaciones a su país, dado que los productos en contenedores sólo fueron transferidos a barcos de servicios feeder.
Lo que encontraron los empresarios de Guatemala es que, tanto la PGR como la Administración General de Aduanas se han negado a reconocer la legalidad de sus productos. En la misma situación se encuentran empresarios de varios países del Istmo. México pierde atractivo porque cada vez los tránsitos a nuestro país son más cuantiosos debido a que los trámites para la liberación de la carga deben realizarse sin intermediarios entre el cliente y el Ministerio Público mexicano.
