Los procuradores en Stuttgart informaron el jueves que los acusados son un exrepresentante de ventas en México, otros tres funcionarios de comercialización y dos exgerentes.
Fueron acusados por su papel en 16 entregas al país entre 2006 y 2009 pese a tener conocimiento de que las armas y partes eran enviadas a estados mexicanos que no estaban cubiertos dentro de los permisos de exportación alemanes.
Se abandonó la investigación contra otras 13 personas.
Por medio de un comunicado, Heckler & Koch informó que “tomó nota” de la decisión de la Fiscalía y resaltó que en 2012 inició una averiguación externa al caso que proveyó de resultados a los investigadores.
El vínculo con Atoyzinapa
Desde los sucesos de Iguala, Guerrero, donde perdieron la vida seis personas y 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, el tema de las armas alemanas cobró nuevo impacto.
En diciembre del año pasado, el diario alemán Tages Zeitung TAZ reveló que al menos 36 armas fabricadas en ese país europeo fueron decomisadas a la Policía de Iguala por el ataque a normalistas, a pesar de que las leyes alemanas prohíben su exportación a países con conflictos bélicos o donde se violen los derechos humanos.
El mismo diario publicó que rifles de asalto G36 fueron observados en el repliegue de estudiantes normalistas que bloquearon la autopista México-Acapulco en demanda de mayor presupuesto para la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido el 12 de diciembre de 2014.
Asimismo, planteó que rifles alemanes han sido observados en manos de policías federales en Chihuahua y en Oaxaca.
Por su parte, el semanario alemán Der Spiegel informó que los policías de Iguala sí usaron armas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Spiegel se basó en datos del llamado “Libro de Armas de Guerra de Heckler & Koch”, un documento que están obligados a rellenar por ley las empresas exportadoras de armas en Alemania sobre el destino de sus productos. La lista fue suministrada a pedido del diputado alemán Hans-Christian Ströbele.
La firma Heckler & Koch es investigada desde hace años en Alemania por la supuesta exportación ilegal de fusiles G36 a la Policía de estados mexicanos especialmente “convulsos”.
El Gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que se violó ese requisito.
Luego del escándalo, autoridades alemanas investigaron en abril a Heckler & Koch en el marco de la visita de familiares de los 43 normalistas mexicanos a ese país.
A pesar de las entrevistas y búsquedas en los registros de compra, así como careos en los domicilios particulares de los empleados, no se dictaron cargos contra nadie en el país europeo, aseguró la agencia de noticias Deutsche Welle (DW).
De acuerdo con el investigador de comercio de armas, Jürgen Grässlin, los rifles de asalto adquiridos ilegalmente, seguramente fueron utilizados por fuerzas de seguridad en zonas de conflicto en México, a pesar de que está prohibida la venta de armas.
El Consejo de Seguridad del Gobierno alemán de Angela Merkel permitió la venta de armas a México, pero prohibió la comercialización en cuatro estados donde considera que la corrupción y la violencia son algo muy serio.
“Lo que pudo ser bien intencionado –el equipamiento de la Policía mexicana contra los cárteles de la droga– se ha convertido hoy en día un desastre sin paralelo”, escribió Grässlin en un artículo de la revista Zivilcourage.
“Los tiroteos y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado se presentan principalmente en los estados donde las armas … nunca debieron haber sido autorizados”, dijo.
Desde entonces se ha establecido que la Policía implicada en la desaparición de 43 estudiantes el año pasado poseía algunos de los fusiles vendidos al Gobierno mexicano. “Para evitar otro suceso peor, el Gobierno debe exigir la devolución de todas las armas de H&K”, escribió Grässlin