En una declaración conjunta, se pide a los los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar.
Recordaron que dentro de estas violaciones se encuentran: derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, impedidos de conocer la información de manera oportuna y, por tanto, sin derecho a la participación, y al derecho al trabajo.
Además, señalaron, se violó el principio de la legalidad, puesto que las autoridades administrativas -de las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Recursos Naturales (Semarnat)- omitieron acatar las opiniones vinculantes emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de negar la siembra de soya transgénica.
Entre las organizaciones que suscriben dicha declaración están Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro Pro de Derechos Humanos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Educación Cultura y Ecología (Educe), y Colectivo Sin Transgénicos, entre otros.