Las autoridades de la UE han incluido instrumentos de financiamiento de comercio exterior, como cartas de crédito, en la lista de pasivos cuyo valor contable puede ser reducido en los libros en caso de que un banco colapse.
Las entidades de comercio y los bancos están cada vez más inquietos sobre el posible impacto de normas de la Unión Europea sobre los instrumentos financieros de corto plazo que conectan a los compradores y vendedores de bienes de todo el mundo.
Las entidades financieras dicen que la decisión genera un enorme dolor de cabeza para sus divisiones de cumplimiento y una desventaja competitiva, y podría dejar a terceros endeudados si los compradores extranjeros no pagan sus facturas.
La disputa tiene lugar en medio de un entorno complejo. La Organización Mundial del Comercio advirtió en un informe publicado este mes que una “brecha en el financiamiento al comercio exterior” está mermando el intercambio comercial global, en especial en el caso de las compañías más pequeñas. El Banco de Pagos Internacionales estimó que “la reducción del financiamiento al comercio exterior podría haber sido responsable por hasta dos quintas partes de la caída en los volúmenes de exportación” entre la crisis financiera de 2008 y 2014.
“Todos los bancos están pensando en cómo eludir [la regulación]”, dijo Geoffrey L. Wynne, socio en Londres de la firma estadounidense de abogados Sullivan & Worcester. Los bancos y las agrupaciones comerciales, sin embargo, no tienen muchas esperanzas en lograr una solución de último minuto.
Las cifras sobre el financiamiento del comercio exterior son escasas, pero el Banco de Pagos Internacionales estima que los bancos hacen de intermediarios en operaciones comerciales por entre US$6,5 billones y US$8 billones al año. El negocio representa alrededor de 4% de los ingresos de los 12 mayores bancos del mundo, según los cálculos de la firma de analítica Coalition Development Ltd.
Una portavoz de la Comisión Europea señaló que sus miembros tomarán en cuenta estas “preocupaciones”, entre otros temas, cuando se publiquen los resultados de una consulta acerca de la nueva regulación financiera en una fecha pendiente de confirmación.
Las nuevas normas tienen el fin de proteger a los contribuyentes europeos de tener que rescatar a bancos en aprietos, para obligar a los inversionistas en los bancos a aportar una mayor parte del dinero.
Todos los contratos de bancos de la UE que no son parte de la jurisdicción del bloque tienen la obligación de incluir una cláusula que obliga a los titulares de pasivos a aceptar la posibilidad de lo que se denomina un “rescate interno”, es decir, que los costos del rescate recaigan sobre los accionistas y los acreedores de los bancos afectados, en lugar de los contribuyentes. La normativa, introducida en enero, tiene la intención de impedir que los acreedores busquen la protección de los tribunales de otros países.
Los créditos al comercio exterior son a menudo provistos por una larga cadena de instituciones financieras en diferentes países, lo que quiere decir que cada una de esas entidades tiene que poseer el pasivo de otra. A los bancos de la UE les preocupa que un “sello de rescate interno” los deje en inferioridad de condiciones frente a sus competidores estadounidenses.
El financiamiento al comercio exterior en Estados Unidos también enfrentó un período de incertidumbre el año pasado, cuando los estatutos del Banco de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank) expiraron cinco meses antes de ser renovados en diciembre. Una campaña de lobby emprendida por organismos empresariales y los reclamos de grandes exportadores como General Electric Co. y Boeing Co. ayudaron a vencer la oposición al Ex-Im Bank de legisladores republicanos que consideraban que la institución ponía en riesgo el dinero de los contribuyentes.
Michael Spiegel, director global de financiamiento de comercio exterior de Deutsche Bank AG, advirtió que “existe una posibilidad de que las contrapartes que no son de la UE sean renuentes a aceptar este tipo de cláusulas porque muchas de ellas no las van a entender”.
Los bancos también sostienen que las complicaciones logísticas son irremontables puesto que contratos que han estado en vigencia durante décadas no operan bajo ninguna ley específica. Estos instrumentos de crédito habitualmente se transmiten a través de la red Swift, que los bancos utilizan para enviarse información entre ellos de una manera estandarizada, lo que dificulta su modificación.
Los organismos comerciales han lanzado sus dardos contra las nuevas regulaciones indicando que podrían reducir el acceso al crédito de comercio exterior a las pequeñas empresas en particular. “Es una regulación muy mal concebida que perjudicará a las empresas de la UE”, afirmó Emily O’Connor, gestora sénior de política de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París.
Las cartas de crédito garantizan que un vendedor recibirá su pago aunque el comprador no cumpla su compromiso, lo que permite que compañías que no se conocen entre sí en diferentes países puedan hacer negocios al confiar en la capacidad de pago de los bancos.
Un banco emite una carta de crédito contra una promesa del importador de pagar y la envía a un banco confirmador, que es el que usa el exportador. Un plazo determinado después de presentar prueba de que el producto fue enviado, el banco confirmador paga al exportador.
Aunque los vendedores reciben compromisos de pago tanto del comprador como del banco confirmador, es este último (con frecuencia una cadena de bancos) el que tiene una exposición directa al riesgo de que el banco emisor colapse. Aunque este riesgo siempre ha estado presente, los procesos tradicionales de bancarrota protegían al financiamiento del comercio exterior, mientras que las nuevas normativas de la UE dicen que pueden estar sujetas a rebajas contables.
Fuentes cercanas señalan que los bancos en distintos países de la UE están realizando pruebas y empezando a incorporar las reglas en algunos instrumentos de financiamiento de comercio exterior, aunque al mismo tiempo lideran intensas operaciones de lobby ante los reguladores europeos. Por ahora, no hay muchas señales de que las normas hayan afectado a sus clientes corporativos.
“No estamos al tanto de las nuevas normativas”, manifestó Aner Garmendia, director general de EGA Master S.A. Para el fabricante español de productos industriales, que exporta 85% de sus ventas, el financiamiento de comercio exterior es esencial, enfatizó el ejecutivo.
La implementación de la nueva directriz de la UE depende de los reguladores de cada país y, en este sentido, los resultados varían.
Los reguladores británicos han sugerido que las cartas de crédito deben estar exentas de la regla puesto que es difícil que las empresas las modifiquen. Una decisión final se publicará a fines de mes.
En Francia, se han propuesto enmiendas a la legislación nacional de modo que la norma sea aplicada de manera “proporcional”, pero el cronograma no está claro.
Otros integrantes de la UE no han adoptado decisiones similares. Esto significa que los bancos franceses y británicos tienen pocos motivos para celebrar, aunque los reguladores de sus países los eximan de las reglas, puesto que las diferencias de interpretación en los distintos países presentan enormes complicaciones. “Es una pesadilla en términos de la documentación”, asevera Adam Cull, director de política financiera de la Asociación de Banqueros Británicos. “Lo importante del financiamiento al comercio exterior es la certidumbre”.
