El sindicato del personal de tierra de Mexicana de Aviación presentó una denuncia penal contra funcionarios del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin), por disponer ilegalmente de bienes de la aerolínea.
De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Miguel Ángel Yudico, esos bancos se “cobraron a lo chino” un crédito de 900 millones de pesos.
Según el líder sindical, por la forma irregular de los procedimientos que utilizaron las instituciones bancarias para disponer de los bienes, sus ejecutivos cometieron delitos y por ello los denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El dirigente explicó que ese préstamo fue otorgado por el gobierno federal para que las aerolíneas pudieran recuperarse del impacto negativo que generó en México la epidemia de la influenza A(H1N1).
A pesar del carácter de apoyo que ese dinero tenía para reactivar la economía nacional y evitar la pérdida de empleos, los funcionarios de esos bancos, “en contubernio” con los ejecutivos de Nuevo Grupo Aeronáutico, usaron los recursos para otros fines, aseveró.
Con ese fin crearon ilegalmente un fideicomiso a través del cual garantizaban el pago de deudas y otros rubros para los que no estaban destinados esos fondos, pues desde un principio el gobierno dejó claro que los 900 millones de pesos eran para adquirir turbosina.
Yúdico Colín añadió que por si eso fuera poco, cuando Mexicana de Aviación entró en crisis financiera, suspendió operaciones y fue sometida a un juicio de concurso mercantil, los funcionarios de Bancomext y Nafin se cobraron el crédito con aeronaves y otros activos.
Mencionó que eso fue ilegal ya que cuando una empresa está en concurso mercantil, los bienes de ésta no pueden ser enajenados de ninguna forma y los trabajadores tienen preferencia para eventuales pagos de pasivos laborales.
Con anterioridad a la suspensión de operaciones de Mexicana, detalló, la organización sindical emplazó a huelga a la empresa y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se convirtió en depositaria de los bienes hasta concluido el conflicto laboral.
Yúdico Colín sostuvo que a pesar de ambos procedimientos jurídicos que protegen prioritariamente los intereses de los trabajadores, los funcionarios de los mencionados bancos se adueñaron de los bienes de la empresa y por ello cometieron delitos penales.
