¿Es Uber una compañía de trasporte o una plataforma digital? Esta es la cuestión que empezará a dirimir este martes 29 de noviembre el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), en la vista oral de un litigio que enfrenta a la empresa estadounidense contra la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona. La respuesta a esta pregunta aparentemente inocua establecerá las bases de las normas a las que tendrán que someterse en la UE no sólo Uber sino otras empresas incluidas bajo el paraguas de la llamada ‘economía colaborativa’.
Es la primera vez que la justicia europea aborda cómo debe regularse la economía colaborativa, una cuestión que ha provocado conflictos, restricciones e incluso prohibiciones en países como España, Francia, Alemania o Hungría. Esta sentencia sentará precedente para el conjunto de la Unión, ya que la jurisprudencia del TJUE es de obligado cumplimiento en todos los países miembros.
En este litigio, Élite Taxi reclama que se prohíba operar a Uber con su servicio entre particulares, llamado Pop (un servicio que lleva casi dos años suspendido cautelarmente por el juez de Lo Mercantil número 2 de Madrid), al considerarlo como un caso de competencia desleal. Los taxistas alegan que la compañía estadounidense vulnera las normas de España porque no tiene licencias, autorizaciones ni credenciales para prestar servicios y además engaña a los usuarios, ya que les da la “falsa imagen” de que actúa dentro de la ley. Uber replica que el servicio que presta no es de transporte, sino de plataforma digital de intermediación, para lo que no necesita autorización previa para operar.
El caso está siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, que celebró una vista en abril de 2015. Pero el juez de Barcelona decidió pedir al Tribunal de Luxemburgo que determine, según las normas de la UE, cuál es la naturaleza de la actividad de Uber. De su respuesta dependerá buena parte de la política que lleven a cabo los estados miembro con este tipo de compañías y sus actividades.
Esta batalla judicial se produce algo más de un año después de que el juez de Barcelona planteara la pregunta a la UE. La compañía mantiene otro litigio paralelo con el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que fue el encargado de suspender cautelarmente la actividad Uberpop. Este magistrado, el mismo que ha de pronunciarse sobre el ‘caso BlaBlaCar’, aguarda también a ver cuál es la posición del tribunal europeo.
En este tiempo ha habido algunos pronunciamientos judiciales favorables a Uber. Según publica este domingoLa Vanguardia, la compañía ha ganado en los tribunales, entre julio y octubre de este año, tres recursos a las más de 70 sanciones impuestas por la Generalitat por incumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte (LOTT).
UBER Y TAXISTAS, DOS POSICIONES ENFRENTADAS
En el lado de Uber, pretenden demostrar que son una empresa que pone en contacto oferta y demanda, donde conductores y pasajeros entran en contacto de forma remota, a través de un medio digital (una aplicación móvil), bajo una petición concreta de servicios y con un intercambio económico por su prestación.
Desde hace justo ahora un año, la compañía abandonó su modelo entre particulares, sobre el que se dirime en este caso, para introducirse en uno de coches con conductor privado (chófer) a través de licencias VTC. ¿Qué sucedería en caso de que la sentencia le fuera favorable? No regresarían a este modelo, pues pese al espaldarazo europeo la legislación española del transporte seguiría siendo la misma y habría una importante inseguridad jurídica por la que no querrían pasar.
Por su parte, la ‘guerrillera’ asociación de taxistas quiere demostrar que la compañía estadounidense actúa como una empresa de transporte. “Y no es lo que digamos nosotros, sino que es la misma Seguridad Social la que dice que es una empresa de transporte”, asegura Patxi Sesma, portavoz del colectivo. Y no da más detalles, pero se sobreentiende que aportarán documentos de trabajadores de la compañía.
No quieren adelantar más asuntos sobre su defensa, pero hacen gala de su “confianza total” en que el tribunal fallará a su favor. “Si conseguimos que el Tribunal diga que es una empresa ilegal de transporte, el resto de asociaciones verán el resquicio… Y el ataque que va a sufrir Uber es brutal”, aseguran.
MUCHAS EMPRESAS (Y PAÍSES) PENDIENTES
Esta batalla judicial también puede afectar a dos casos judicializados en España en los que también se antoja clave esa distinción entre plataforma y empresa de transporte. Uno es Blablacar, cuya sentencia judicial en primera instancia está a punto de publicarse. Durante la vista oral, la patronal del autobús mantuvo que lleva a cabo una actividad muy similar a la que llevan a cabo sus asociados. La empresa, en cambio, defendió que ejerce como una red social en cuya plataforma pone en contacto a conductores con posibles viajeros.
El otro caso es el de Cabify, su competidor en España (y también en Latinoamérica). Su juicio, tras la denuncia de los taxistas, se celebrará en marzo. Y la cuestión que hay pendiente es la misma: se trata de una empresa que hace un servicio de transporte ‘tradicional’ o no.
Pero el transporte no es el único sector afectado. Hay otros muchos segmentos a los que impactará esta decisión judicial. Uno de los más destacados es el del turismo. Airbnb y Homeaway son dos casos paradigmáticos: defienden que son plataformas digitales que sólo pone en contacto oferta y demanda, mientras que administraciones como Barcelona le exige que controle los anuncios de su plataforma como un intermediario más (recientemente interpuso la pasada semana dos multas de 1,2 millones de euros).
LA COMISIÓN, TAMBIÉN CLAVE
Durante la vista que se celebra este martes será clave la posición que asuma la Comisión Europea, cuyo papel como guardiana de los Tratados convierte a sus opiniones en especialmente relevantes para el Tribunal de Luxemburgo. El Ejecutivo comunitario ha recibido quejas de Uber contra cuatro países por las restricciones que aplican a sus servicios: España, Francia, Alemania y Hungría. También tramita una denuncia de la empresa francesa BlaBlaCar contra España. Y en el sector de los alquileres de corta duración (donde el principal actor es Airbnb), Bruselas está estudiando reclamaciones contra España, Francia, Alemania y Bélgica.
“En el caso de las denuncias presentadas por Uber, hemos entablado un diálogo con las autoridades relevantes para clarificar el mérito de las quejas”, explica a EL ESPAÑOL la portavoz de Empresa de la Comisión, Lucía Caudet. De momento, no hay plazos para que Bruselas adopte una decisión final sobre estos casos, que también sentaría precedente. A juicio de la portavoz, el procedimiento ante el Tribunal de Luxemburgo servirá para “aclarar cómo definir los servicios que presta Uber desde un punto de vista jurídico”.
Las observaciones escritas que ha presentado la Comisión al TJUE son confidenciales y no se conocerán hasta la vista oral de este martes. La incógnita es si el Ejecutivo comunitario se pondrá claramente de parte de Uber o si su opinión será más general, en línea con las directrices sobre economía colaborativa que presentó el pasado junio, cuya prioridad es impulsar a las empresas del sector, de las que elogia su enorme potencial de crecimiento, frente a las trabas de los países miembros.
Para Bruselas la cualificación de una plataforma de la economía colaborativa debe hacerse caso por caso, teniendo en cuenta el nivel de control o influencia que la empresa (en este caso Uber) ejerce sobre el prestador del servicio (en este caso de transporte). Y para determinar el nivel de control deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: si la plataforma fija los precios; si establece otras condiciones contractuales clave; o si es dueña de los bienes o activos objeto de la transacción.
Tras la vista oral de este martes, el abogado general del Tribunal de Justicia deberá dar su opinión en un plazo de tres o cuatro meses. Eso quiere decir que la sentencia final sobre Uber no se conocerá como muy pronto hasta el verano de 2017. Y no está claro si la Comisión esperará a la justicia europea o se pronunciará antes sobre las denuncias que tramita sobre economía colaborativa.
