Señaló que se analizan varios esquemas de financiamiento, como las asociaciones público – privadas, porque cada arco cuesta entre 15 y 25 millones de pesos y se pretende realizar las primeras contrataciones durante el primer trimestre de 2017.
“Lo óptimo sería contar con 60 arcos, pero no de forma inmediata”, comentó. Las cifras proporcionadas por el funcionario implicarían que se requieren entre 900 y mil 500 millones de pesos para instalar los primeros 60 arcos completos, es decir contando desde la estructura de metal y las básculas que cubran tres carriles, hasta cámaras, sensores y la conexión.
Las autoridades han detectado que los transportistas suelen sobrepasar hasta en un 30 por ciento el peso permitido por la normatividad. Incluso este martes el problema fue destacado por Stephen Perkins, jefe de investigación y análisis de política del Foro Internacional de Transporte, durante el Foro Competencia y Regulación que llevó a cabo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con la UNAM y la Secretaría de Economía. El especialista aseguró que en México circulan “camiones sobrecargados” lo que representa un peligro y un riesgo de accidentes.
Entrevistado tras participar en dicho foro, Del Mazo dijo que la instalación de arcos de pesaje dinámicos es considerado por la SCT como un instrumento para vigilar el cumplimiento de la norma de pesos y medidas de los vehículos de carga en la red carretera federal, así como los límites de velocidad.
Mencionó que se trabaja “de la mano con el sector” en la nueva normatividad correspondiente para después presentarla ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), que a su vez debe llevar a cabo un proceso de consulta pública antes de que se apruebe, se publique en el diario oficial y entre en vigor. Durante su ponencia, Del Mazo comentó que en el foro realizado durante octubre por el Senado “no hubo ninguna información contundente o sólida que indicara que la salida de los camiones de doble remolque reducirá el riesgo de accidentes en carreteras”, pero que si salieron otras recomendaciones al respecto que ayudarán a disminuirlos, como los arcos.
Frente al recorte presupuestal, Del Mazo señaló que se trabaja en varios esquemas y si logra una reasignación de recursos por parte de la SCT entonces “inmediatamente contratamos algunos arcos, pocos” con recursos públicos.
También consideró la participación del sector privado, incluidos los concesionarios de carreteras, pero descartó que a cambio de que éstos hagan un desembolso instalar los arcos, el gobierno federal les conceda más concesiones, les permita incrementar tarifas o bien se les otorgue un porcentaje o contraprestación por las multas que se apliquen a los transportistas que excedan el peso o velocidad permitida.
“El sentido común es que pese a esa inversión que realicen tendrían menor desgaste en sus carreteras si no registran sobrepeso. Ellos también van a tener un beneficio si invierten en estas instalaciones”, puntualizó.
TRANSPORTISTAS RESPONSABLES DE MENOS BLOQUEOS DE LOS QUE SE LES ADJUDICARON
Por otro lado, Adrián del Mazo aseveró que que a los transportistas se les adjudicaron más bloqueos carreteros contra el gasolinazo de los que en realidad han sido responsables porque fueron realizados por otros grupos. Hasta este martes se mantenía en 12 el número de organizaciones, empresas y particulares a los que se les revocarán los permisos de circulación, dijo.
El funcionario aseveró que la SCT respeta “al cien por ciento” el derecho a manifestarse pero sin que se bloqueen carreteras y cuestionado sobre si con la revocación de licencias disminuyeron las protestas de transportistas dijo que éstosya no participaron como tales en las manifestaciones sobre vías federales registradas este martes.
“No le quisimos llamar ni amenaza ni advertencia. Nosotros simplemente quisimos dejar claro que no podemos permitir (el bloqueo de carreteras), porque la ley lo marca como delito y si existe un causal de revocación pues lo tenemos que iniciar porque es nuestra responsabilidad”, señaló.
MES Y MEDIO PARA QUE SE DECIDA REVOCACIÓN DE PERMISOS A TRANSPORTISTAS
El proceso de revocación de permisos tarda aproximadamente mes y medio porque los transportistas cuentan con 15 días para presentar pruebas en su defensa y luego la SCT tiene 30 días para definir si se revocan o no los permisos. “Si procede la revocación, ellos tienen dos caminos: meter un recurso de revisión con nosotros o irse directamente a un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Penal y Administrativa”, explicó Del Mazo.
La noche del lunes, después de la inauguración del foro de la OCDE, la subsecretaria de Transporte de la SCT, Yuriria Mascott, se limitó a apelar a la “solidaridad” de los transportistas para que “actúen de manera responsable” frente al gasolinazo, una medida que calificó como “dolorosa pero necesaria” como otros funcionarios públicos.
“El transporte de carga y de pasajeros es un servicio público que impacta directamente en la economía y en la calidad de vida de los mexicanos. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar las formas, ser muy creativos y trabajar en conjunto con la industria para que esto no nos vaya a afectar. Afortunadamente los bloqueos de transportistas ya no están y tenemos que ver cómo trabajar de manera conjunto para que esto no vaya a afectar de manera directa los bolsillos de los mexicanos”, señaló Mascott.
Recordó que las tarifas del transporte no son reguladas sino que se determinan conforme a la competencia y al mercado. “Lo que le estamos pidiendo a todos es que nos solidaricemos con estas medidas, seamos responsables y las asumamos con un sentido social, con entendimiento y solidaridad ante el tema de que tenemos que cuidar la economía del país”, dijo la funcionaria.
