Ahorrará 9 trámites la Ventanilla Única

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NUEVO LAREDO.- Este 1 de junio, sin más prórrogas, entra en vigor el programa de Ventanilla Única de Comercio Exterior México (VUCEM).

En un solo trámite y en el mismo día y operación, el empresario exportador mexicano se ahorrará varios trámites ante cada una de por lo menos nueve dependencias federales, en sus deseos de comercializar sus productos o bienes en el extranjero.

Javier Anaya Rojas, director de Programas de Fomento de la Secretaría de Economía (gobierno federal), fue entrevistado ayer en Laredo, Texas antes de participar como conferencista ante los empresarios del norte de México aglutinados en la Comce o Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior del Noreste.

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Dijo que después de las prórrogas del primero de marzo, este uno de junio será definitivo, más de 55 mil exportadores mexicanos se beneficiarán con esta dispensa o ahorro en tiempo y forma.

SEMARNAT, SAT, SHyCP, SAGARPA, SCT, SE, SS, son sólo algunas de las secretarías federales que quedarán salvadas con un solo trámite del exportador.

“Por ejemplo hoy en la Secretaría de Economía, un exportador puede necesitar realizar hasta cuatro trámites diferentes, y así en las otras dependencias pueden ser más las vueltas o papeleos que tenga que dar, ya no, no más a partir del uno de junio”, dijo el funcionario federal.

La Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el comercio y el gobierno y aportar beneficios significativos para todas las partes involucradas en el comercio transfronterizo.

“Pero nos quedamos cortos, pues hoy en día,

el comercio exterior en México involucra un alto número de trámites, papeleo y personas. Existen aproximadamente 30 actores involucrados, entre oficinas de gobierno, exportadores, importadores, transportistas y auxiliares de la función aduanera; esto representa 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos, muchos de los cuales deben entregarse varias veces”, explicó Anaya Rojas.

El programa VUCEM ha sido contratado por el gobierno federal a un prestador privado, mediante contrato de cinco años, renovable, previa revisión y aprobación.