Trump, Trudeau y Peña Nieto han insistido en haber logrado un buen acuerdo. Tiene la ventaja de haber disipado la fuerte incertidumbre de inversionistas y del comercio regional y global.
El presidente entrante en México ha destacado en varias ocasiones que obtuvo lo que le interesaba- particularmente en materia de soberanía energética y que puede vivir con los resultados. Su representante en la última etapa, Jesús Seade, también señala que se trata de un buen acuerdo para México, aunque insatisfecho con lo acordado en materia de propiedad intelectual y de industria textil y del vestido.
¿Qué balance se puede hacer a estas alturas, con los textos que se enviaron al Senado hace un par de semanas? Cabe subrayar que no están completos; están condicionados a formalizaciones legales y en numerosas ocasiones – solo se proporciona un pequeño resumen de unos cuantos párrafos del contenido y los supuestos beneficios de lo acordado. Habrá que esperar a ver los textos finales.
Mi primera conclusión es que si bien hubo un acuerdo -y eso ya es importante por las señales a gobiernos, empresas e inversionistas -sin duda el ganador fue Trump, tanto en términos políticos como económicos, ya sea en la esfera del comercio, inversiones, propiedad intelectual y la nueva economía de servicios.
Habrá que ver qué tanto perderán a la larga los consumidores estadounidenses, con productos más caros como consecuencia de la mayor protección; pero en principio y en el corto plazo las empresas y los trabajadores estadounidenses pueden sentirse satisfechos de que gracias a la pesada presión de Trump y su equipo sobre Canadá y México, se reducirá su déficit comercial, se consolidarán oportunidades de inversión y reforzará su propiedad intelectual.
En contraposición, no veo hasta ahora en qué aspectos se beneficiarán México y Canadá respecto al TLCAN todavía vigente.
Experto en el “arte de negociar”, Trump agregó algunos elementos para forzar a sus socios a realizar concesiones: una inaceptable clausula “Sunset” que buscaba abrir la posibilidad de terminar o renegociar el acuerdo cada 6 años; la eliminación del mecanismo de controversias; el asedio a las industrias culturales y los lácteos de Canadá y, en el caso de México, la pretensión de restringir las crecientes exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas sólo a contra-temporada, que felizmente no prosperó.
Aunque tomará tiempo evaluar las implicaciones para México del nuevo USMCA o T-MEC en español -según acordaron EPN y AMLO- los principales resultados están a la vista.
En el sector automotriz y de autopartes, las empresas de capital extranjero tendrán a futuro un límite en sus exportaciones a los EUA de 2.6 millones de unidades y deberán ajustarse a reglas de origen que aseguren un contenido regional de 75 por ciento, pero que reservan un 40 por ciento del contenido total a producción proveniente de trabajadores con salarios de 16 USD la hora, o sea, de EUA y Canadá.
El nuevo tratado comercial dicta que hay 7 partes esenciales que deben ser originarias de América del Norte para que el vehículo no pague aranceles al ser exportado de un país al otro: motor, transmisión, chasis y carrocería, eje, suspensión, sistema de dirección y baterías avanzadas. Hoy hay componentes que se están importando de Asia y Europa para los que las empresas deberán buscar proveedor. Ello abre una ventana de oportunidad para que fabricantes consideren poner plantas en la región y cumplan con los requerimientos de las reglas de origen. El reto es que se trata fundamentalmente de componentes intensivos en capital y tecnología- no en mano de obra. ¿Dónde pondrán los inversionistas extranjeros sus inversiones? ¿Hay algún atractivo para que ocurra en México, particularmente tras la reforma fiscal de Trump? México tendría que jugar sus cartas con una nueva política industrial e impulsar a inversionistas asiáticos y europeos, pero también a campeones nacionales como Grupo Alpha, Rassini y Grupo Industrial Saltillo y a nuevos inversionistas de capital mexicano. También puede haber oportunidades en resinas plásticas, aceros y aluminios. Ello exige repensar la inversión y producción nacional, abandonada en petroquímica y siderúrgica- esta última afectada por el arancel del 25 por ciento que los EUA mantienen.
Un sector perdedor es el de salud y la industria farmacéutica mexicana. Las empresas de capital nacional, que hasta ahora han venido lanzando al mercado productos biotecnológicos de más bajo precio (hasta en dos terceras partes) al concluir el largo periodo de 20 años de las patentes, y hoy tienen que someterse a un periodo de reserva de datos de 5 años adicionales, ahora verán ampliada la espera a 10 años, con lo que el Estado mexicano -el gran comprador- y los consumidores verán afectados sus bolsillos en 15,200 millones de pesos en 5 años y encontrarán inaccesibles tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades como el VIH-SIDA . Los EUA presumen como gran logro esta restricción que sienta precedentes en el ámbito internacional.
Los derechos de autor pasaron de 50 a 75 años y las empresas establecidas de comercio y servicios digitales tendrán una protección clave hacia el futuro, difícil de estimar en sus efectos para empresas mexicanas que pretendan emularlas.
Otro sector afectado negativamente: el textil y del vestido. Ya de por sí, en el marco del TLCAN, los EUA han mantenido nuestras exportaciones sujetas a cuotas. Ahora éstas se congelarán en los niveles de usos efectivo durante 2017- una reducción de 20-25 por ciento, buscando además impedir que se usen hilos, telas y otros insumos como broches, zippers, etc , importados crecientemente de China y otros países asiáticos- si se pretende gozar de exención de aranceles. El desafío es que México hace tiempo dejó de invertir y producir esos insumos. La oportunidad podría ser la recreación de la industria mexicana en un marco internacional muy competido que exige innovaciones, buen financiamiento y oportunas medidas antidumping. ¿Será posible?
Se ha hablado de que gracias a la insistencia del gobierno entrante en el Capítulo 8 se reafirma “la propiedad directa, inalienable, imprescriptible sobre los hidrocarburos”. Pero la reforma energética de EPN ya cambió el marco legal y el nuevo acuerdo comercial obliga a respetar los compromisos de México con las empresas e inversionistas. Se aceptó una cláusula a inversionistas-estado a través de la cual empresas petroleras, gaseras, de electricidad, telecomunicaciones e infraestructura pueden demandar al gobierno de México en tribunales extranjeros, si se consideran afectadas
Canadá rechazo la cláusula. De hecho, aunque se ha argumentado que las disposiciones que permiten recurrir al arbitraje comercial en el peleado Capítulo 19 del TLCAN se pasan al Capítulo 10 del T-MEC, lo que sucedió fue que en la práctica Canadá logró en los últimos días mantener sus objetivos frente a los EUA, a cambio de su apertura a lácteos americanos, mientras que México cedió, sin nada a cambio.
Dos novedades me preocupan del reciente acuerdo.
El Capítulo 33:“Temas de política macroeconómica y de tipo de cambio”, obliga a lograr y mantener un régimen cambiario determinado por el mercado, abstenerse de devaluaciones competitivas – incluso mediante la intervención en el mercado de divisas- y fortalecer los fundamentos económicos subyacentes. Se establece un mecanismo permanente de información y consulta para asegurar transparencia y evitar ajustes cambiarios unilaterales o desleales, con reuniones anuales de un Comité Macroeconómico, que buscará coordinar las políticas macroeconómicas y cambiarias y sus consecuencias sobre las diversas variables claves, incluyendo la demanda interna y externa, el saldo de la cuenta corriente y cuestiones financieras. ¿Cuáles serán los alcances y limitaciones de este capítulo?
El otro capítulo que me inquietó es el de servicios financieros. Solo se presenta un resumen de dos páginas de su objetivo, contenido y beneficios para México. Se establecen “disposiciones que permiten la prestación transfronteriza de servicios entre las partes, sin exigir que los proveedores se establezcan en el país; cláusulas de trato nacional y trato de nación más favorecida”. Entre los beneficios para México se señalan “un mayor acceso a servicios financieros” y “nuevas disposiciones que contribuirán a promover una mayor inversión extranjera en el sector financiero mexicano”. ¿Más? ¿Quiénes lo discutieron de la parte nacional?
He planteado en esta columna que necesitamos más inversión mexicana en la banca comercial, la revitalización de la banca de desarrollo, una mayor y mejor regulación de la banca para orientar los recursos de nuestros ahorradores hacia la inversión productiva y objetivos de desarrollo nacional.
Se incluyen un polémico artículo 32.10, que establece la obligación de consulta previa si se pretende firmar un acuerdo comercial con un país que no cuente con reconocida “economía de mercado” ¿China acaso? Chile y Perú tienen acuerdos con ambos.
Espero que nuestros legisladores cuenten pronto con una versión completa en español para revisar a fondo el acuerdo antes de ratificarlo. Tendrán cuando menos un semestre para buscar el interés nacional.
