El decreto constituye la modificación más significativa del sistema aduanero mexicano y se entiende desde una lógica patrimonialista y seguridad nacional que busca recaudar más ingresos, facilitar el comercio internacional y frenar el comercio ilícito.
En este gobierno, la Administración General de Aduanas (AGA), órgano del SAT que se convertirá en la ANAM, ha tenido tres titulares distintos, y desde julio de 2021, las aduanas están a cargo de las Fuerzas Armadas.
En un seminario organizado por el INAP, Horacio Duarte, titular de la AGA, fue cuestionado sobre la militarización de las aduanas.
Al respecto, comentó que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina habían firmado convenios de colaboración con el SAT en el pasado, por lo que ahora su participación solo se formalizaba para combinar todas las fuerzas del Estado para “profundizar la lucha contra la corrupción y echar para afuera el crimen organizado.”
En el imaginario colectivo, la presencia permanente de las fuerzas armadas tiene un poderoso efecto de disuasión inalcanzable para los civiles.
Esta visión menoscaba la posibilidad de que integrantes de estas instituciones se involucren en prácticas de corrupción, solo por su procedencia.
Esta perspectiva llama la atención porque resulta ingenua.
Con o sin militares, las aduanas a nivel internacional tienden a ser sumamente vulnerables a la corrupción.
Hasta Estados Unidos adolece de este problema, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es la institución de aplicación de la ley más numerosa y menos transparente.
Lamentablemente, no hay una bala de plata que resuelva el problema a pesar de diversas recomendaciones y guías para mejorar la integridad aduanal.
Durante el seminario, no se perfiló ningún indicio sobre la construcción de un sistema anticorrupción de corte civil similar a otros países.
Tampoco se vislumbró claridad sobre las amenazas del comercio ilícito.
Se mencionaron temas clásicos como el tráfico de armas, evasión fiscal por subvaluación, etc.
Nada se dijo del comercio de minerales, tráfico de especies, precursores químicos, personas, piratería, patrimonio cultural, medicamentos y plaguicidas falsificados, o siquiera del lavado de dinero.
Todos estos son temas de gran relevancia para el desarrollo sostenible y la seguridad humana, que se encuentran en las prioridades de organismos internacionales.
Una institución estratégica como la ANAM debe tener una visión más compleja y actualizada del comercio ilícito si aspira a salvaguardar la seguridad nacional.
Cuatro tendencias, identificadas por organizaciones como la OCDE y Global Financial Integrity, deberían ser tomadas en cuenta:
1) el uso creciente de servicios postales y de mensajería para el envío de paquetes con productos ilegales adquiridos vía digital,
2) el aprovechamiento de zonas libres de comercio como hubs de actividades ilegales,
3) la convergencia de redes criminales dinámicas y adaptables a las tendencias del mercado y
4) la sofisticación de métodos de lavado de dinero a través del comercio.
Para que la ANAM sea exitosa frente al comercio ilícito requiere de la cooperación con instituciones del gobierno como la Fiscalía General de la República, para iniciar procedimientos penales por delitos federales como el contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos cometidos por servidores públicos. Sin esta cooperación, las conductas conexas no serán sancionadas.
El think tank Global Financial Integrity señalan que el lavado de dinero a través del comercio es uno de los principales métodos para lavar recursos ligados al tráfico de drogas.
También, son preocupantes los esquemas de tipo carrusel asociados con la exportación legal de oro desde Colombia a México, contrabandeado de vuelta a su país y finalmente re exportado nuevamente para dar la apariencia de licitud.
Otro esquema de cooperación de la ANAM implica a la iniciativa privada. En el sexenio pasado, distintas organizaciones empresariales impulsaron una asociación con el SAT llamada Juntos contra la ilegalidad para frenar el comercio ilícito y prácticas de subvaluación en sectores económicos sensibles.
A la fecha, se desconoce si este programa continuó, pues solo se ubica un reporte desactualizado con corte a 2018 en el sitio del SAT.
Interactuar con el sector privado es deseable y necesario porque existen áreas encargadas de la protección patrimonial y la detección de prácticas de competencia desleal en muchas empresas.
Dichas áreas han recopilado por años información en frontera, que bien podría utilizarse para producir inteligencia a nivel estratégico e incluso en algunos casos, táctico.
Faltan unos días para que venza el plazo para actualizar la normatividad de la ANAM, esta institución no podría darse el lujo de albergar una visión incompleta y caduca del comercio ilícito, ni creer que la participación de las fuerzas armadas será la bala de plata que resolverá la corrupción.
Menos asumir que puede hacerlo todo por sí misma sin colaborar con instituciones de procuración de justicia y el sector privado. Si se da estos lujos, difícilmente dará los resultados que se esperan de ella.
Fuente:
Manuel Velez-https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/hacia-aduanas-efectivas-contra-el-comercio-ilicito-7631485.html
