El Presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin, Felipe de Javier Peña Dueñas y el Presidente, Francisco Cervantes Díaz expusieron los puntos negativos que podrían afectar negativamente a la industria y al comercio, siendo el sistema ferroviario la columna vertebral del transporte de carga en México.
Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción I, primer párrafo de la LIF, se considera como maquinaria en general, distinta a los vehículos o los medios de transporte de baja velocidad (ferrocarriles), o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas.
Para efectos de esta regla se entiende por medios de transporte de baja velocidad o de bajo perfil a los ferrocareiles.
En consecuencia, las compañías ferroviarias concesionarias estarían trasladando directamente a los usuarios el impacto de la eliminación del IEPS a partir del incremento de fletes en el rubro de combustibles.
El alza de costos se verá reflejado en el precio de los productos, al mismo tiempo de manera inminente bajaría la competitividad del modo de transporte, y la capacidad logística mexicana, mientras que se incrementará el tráfico en carreteras y la emisión de gases nocivos.
Los representantes empresariales indican que la acreditación es necesaria para que los precios de diésel en México sean competitivos y se acerquen a los niveles de precio del mercado internacional, siendo el transporte ferroviario el de mayor índice económico y la unión de desarrollo con puertos y fronteras en conjunto con los demás modos de transporte.
Finalmente, el documento solicita con base en los efectos que generará, cambiar las bases del impuesto especial sobre producción y servicios: “Solicitamos que para detener las afectaciones mencionadas, se restituya el incentivo fiscal al combustible utilizado para el transporte ferroviario, tal y como fue publicado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 el 28 de diciembre de 2018”.
