Según expuso, la importancia de lograr acuerdos para dirimir diferencias radica en la relevancia que tiene el abastecimiento de combustible y generación eléctrica en la actividad productiva de las diferentes regiones del país.
También en evitar una mala señal para la inversión productiva que actualmente se requiere para revertir las tendencias decrecientes de la actividad económica del país que reinan actualmente, subrayó en su publicación semanal Análisis Económico Ejecutivo.
Recordó que la CFE tomó la decisión de iniciar un proceso de arbitraje, en instancias internacionales del Reino Unido y Francia, con el objetivo de modificar diversas cláusulas pactadas en siete contratos para la construcción de gasoductos por considerarlas abusivas.
Esto generó en inicio una reacción negativa y de preocupación de los mercados, que percibieron esta acción como una señal de que la administración no estaba dispuesta a honrar los contratos celebrados con los inversionistas. Algunas cláusulas contractuales, refirió, establecen que si las obras no se concluyen en el tiempo comprometido por causas ajenas a las compañías, de fuerza mayor, pero respecto a las que el contratante pudo haber tomado acciones remediales o mitigantes, éste último, o sea la CFE, debe pagar parte de la tarifa del transporte de gas acordada por el tiempo del retraso.
Sin duda esto es oneroso para las autoridades, pues de los siete contratos que están considerados en el proceso de arbitraje, seis no se han concluido y tienen importantes atrasos que, de acuerdo con las autoridades de la CFE, pueden resultar en un costo de 840 millones de dólares, aun cuando los proyectos no están plenamente terminados y el gas no se ha empezado a surtir.
El CEESP precisó que esas cláusulas son comunes en este tipo de contratos ya que, al dotar certidumbre a los mismos, su financiamiento se reduce y dado que se adjudican competitivamente mediante licitación de la tarifa, el contratante se beneficia también.
No obstante, dado el avance de los contratos, se puede intuir que las condiciones se fueron enrareciendo después de que las obras comenzaron entre 2014 y 2016, de tal manera que la combinación de las acciones de grupos políticos, sociales y organismos ambientalistas en contra de estas obras aumentaron se reflejaron en el retraso de los proyectos, abundó.
El organismo explicó que la responsabilidad de las autoridades recae en la imposibilidad o falta de voluntad para generar un ambiente propicio para los negocios. Por lo regular, los arbitrajes en este tipo de contratos se presentan cuando hay diferendos en la interpretación o el cumplimiento de lo pactado, más que para modificar lo pactado.
De acuerdo con la experiencia, cuando las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE, dada la predisposición de los procesos en favor de la certidumbre en los contratos.
Si ese es el caso, el gobierno pagaría daños a las empresas, además podrían presentarse otros procesos legales como sería una controversia inversionista-estado en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá u otros tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por el país.
Más allá de discusiones estériles que agudizan las diferencias y los resentimientos, es conveniente la interlocución de los grupos interesados antes de entrar a un proceso de arbitraje, a fin de buscar una mejor solución para las partes, en especial para el país, estimó el CEESP.
