Ximena Fuentes, directora de Fronteras y Límites de la Cancillería de Chile, en un encuentro con la prensa, desmintió el supuesto incumplimiento del tratado de 1904 denunciado por el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien realizó una polémica gira acompañado por una delegación de 57 personas por los puertos de Arica y Antofagasta.
En ese plano, la funcionaria refutó los cuatro puntos centrales mencionados por la autoridad boliviana, criticando al mismo tiempo la visita a Chile de la autoridad de Bolivia a la que acusó de “no enmarcarse en la búsqueda de diálogo, paz, ni buena voluntad“.
Frente al argumento boliviano de que ya no se puede realizar el acopio de minerales en el puerto de Antofagasta, el cual se sitúa en el centro de la ciudad, Ximena Fuentes se preguntó si “¿Bolivia pretende acaso que Chile aplique los estándares ambientales de 1904?” y explicó que actualmente el mineral contaminante y peligroso se acopia en Portezuelo, ubicado en las afueras Antofagasta.
Al respecto detalló que “para hacer más eficiente el manejo de los minerales, el Puerto acaba de invertir en contenedores volteables que permiten embarcar directamente este material desde Portezuelo a los barcos“.
El negocio fiscal de Bolivia
Respecto al reclamo de Bolivia por el reajuste de las tarifas que cobran los puertos chilenos- proceso que realizan todos los puertos del mundo- por los servicios que otorgan. Fuentes aclaró que el “libre tránsito no significa gratuidad en los servicios portuarios” y señaló que el “gran obstáculo al comercio de Bolivia es el propio gobierno de Bolivia“.
Argumentó al respecto que esto se debe al rol que ejerce la Asociación Portuaria Boliviana (ASPB), empresa estatal que funciona como intermediario entre el puerto y los importadores, ya que mientras el puerto cobra 100 por un servicio, la ASPB le cobra al importador 300 y hasta 500 por su sola intervención. “Este es el gran negocio del estado boliviano a costo de sus importadores“, denunció.
Acerca de una supuesta “discriminación” a la carga de Bolivia, Fuentes señaló: “No puede haber discriminación cuando Bolivia goza de almacenamiento gratuito y el 80% de la carga en el puerto de Arica es boliviana“, lamentó además que “Bolivia, al contar con 60 días de almacenamiento gratuito para las cargas de exportación y 365 días para la importación, contribuye a copar los lugares de almacenamiento“.
En cuanto a la solicitud del canciller Choquehuanca, de disponer un puerto propio para Bolivia, señaló que: “Para tener un puerto propio, Bolivia desea modificar el Tratado de 1904 y eso explica la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Tal vez ya no crea tanto en la Corte Internacional de Justicia para obtener su puerto soberano y ha iniciado su campaña para lograr sus objetivos por cansancio“, afirmó.
Señaló además que “probablemente estas denuncias relativas a supuestos incumplimientos del tratado, se inserten en el contexto de poner en cuestión un tratado que ha sido extremadamente beneficioso para Bolivia, con el cual tiene un régimen de acceso al Océano Pacífico”.
Libre tránsito de Bolivia
Cabe señalar que ya en el mes de junio el Gobierno de Chile respondió a una serie de acusaciones, respecto al supuesto incumplimiento del tratado de 1904 y que atentaría contra el libre tránsito de la carga de Bolivia.
Entre ellas citó que “las revisiones de carga que realizan los servicios chilenos no son invasivas y apenas superan el 1% de los bienes exportados por Bolivia, país que pretende que Chile deje de velar por la protección ambiental de la población”.
El Gobierno de Chile señaló que ha invertido en mejoras de caminos, la construcción de un nuevo paso fronterizo en Chungará y se han ampliado los espacios de carga y las tecnologías de sus puertos. Sin embargo, “estos esfuerzos no son una obligación como lo pretende hacer parecer Bolivia”.
También El Gobierno de Chile señaló que el libre tránsito no significa no exigir a la carga boliviana- y cualquier otra- el cumplimiento de la normativa ambiental, fitosanitaria, de seguridad en el transporte, de seguridad laboral, de prevención de tráfico de drogas y de prevención del contrabando.
Además, aseguró que el tratado de 1904 no establece que las tarifas de los puertos sean acordadas entre ambos países, ni menos que impliquen la gratuidad de los servicios portuarios.
Además el gobierno chileno señaló que las tarifas aplicadas a Bolivia son igualmente reducidas en comparación a otros usuarios de los puertos. Por ejemplo en Arica han sufrido un incremento de 10, 72%, misma que no se reajustaba desde 2014. En Antofagasta, incluso, algunas han sufrido rebajas como la de uso de muelle a nave que pasó de US$2,15 en 2015 a US$2,11 por metro eslora en 2016.
Ante la queja boliviana referida a que los paros de trabajadores impiden la garantía de libre tránsito de la Carga de Bolivia, el Gobierno de Chile señaló que el derecho de libre tránsito no implica la obligación de impedir todo paro o huelga de los trabajadores portuarios chilenos.
