El Gobierno federal podría verse obligado a dar marcha atrás a la desgravación arancelaria del 1 de enero a productos de acero provenientes de China, India y Rusia luego de que el Tribunal Colegiado del Primer Distrito Judicial con sede en Coahuila, concedió un amparo contra la medida a trabajadores de las industrias metalúrgica, metalmecánica y automotriz.
Tereso Medina Ramírez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, Minerometalúrgica y Metalmecánica de la República Mexicana, dijo que lograron la suspensión provisional contra la medida que ponía en riesgo a 53 mil empleos directos y 553 mil indirectos en la cadena de valor.
“Es una resolución histórica por ser la primera vez que un Tribunal mexicano otorga un amparo colectivo y ser también la única vez que se interpone esta figura legal en contra de una medida de política económica del Gobierno federal que atenta contra los derechos de los trabajadores”, manifestó.
Señaló que empresas en lo particular, como Ternium y Deacero, también han promovido amparos, además de los recursos impulsados a través de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).
A partir del 1 de enero del 2012, el Gobierno Federal eliminó aranceles y cuotas compensatorias a productos de acero, una medida que ya estaba programada y que fue impugnada infructuosamente por industriales que aseguraban ser víctimas de comercio desleal, principalmente de los chinos.
Gabriel Cavazos Villanueva, director de la División de Economía y Derecho del Tecnológico de Monterrey, indicó que la suspensión provisional no viola acuerdos internacionales, dado que se trata de una resolución en contra de productos de países con los que México no tiene tratados comerciales.
“El amparo procede porque se trató de una desgravación unilateral que efectuó el Gobierno mexicano y los trabajadores sienten vulnerados sus derechos”, dijo Cavazos.
Sin embargo, dijo que existen lagunas legales que pueden generar polémica sobre la obligación del Gobierno a proteger a las industrias nacionales.
Por separado, Medina Ramírez, quien también preside la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, refirió que el sindicato que encabeza presentó su demanda de amparo desde el pasado 3 de febrero.
Estimó que a más tardar en 10 días, el Gobierno federal deberá acatar la orden judicial.
Al respecto, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró que esta dependencia no tiene notificación judicial sobre una suspensión provisional contra dicha desgravación arancelaria, por lo que para ellos no existe.
“Ni siquiera (tenemos información) de la admisión de un amparo contra la misma. En caso de que llegara a aparecer esto, tienen que notificarnos primero para que nosotros podamos presentar un recurso ante el Colegiado para ver si es cierto que está funcionando”, dijo Ferrari anoche al salir de una reunión con industriales en las oficinas de la Cámara de la Industria de la Transformación en Cintermex.
