Seis años después de presentada la denuncia, la Comisión Federal de Competencia cerró el expediente contra Cementos Mexicanos concluyendo su responsabilidad en una práctica monopólica relativa, al impedir el ingreso al mercado doméstico de 23 mil toneladas de cemento ruso.
Lo inaudito del asunto es que la resolución plantea un castigo que podría considerarse simbólico, es decir una multa de 10.2 millones de pesos… por más que se acerca al máximo permitido por la ley en la época en que se cometió la falta.
Cachetadita, pues, a la firma hegemónica por desplazamiento indebido de la competencia, o si lo prefiere parto de los montes frente a un farragoso proceso en cuya última punta se había emitido un oficio de presunta responsabilidad contra la cementera.
La acusación concreta apuntaba a que la empresa encabezada por Lorenzo Zambrano había recurrido a mil argucias legales para impedir el desembarco de la mercancía que le colocaba tienda de enfrente.
La historia la conoce usted de sobra: En supuesto afán de equilibrar el mercado, tres ex funcionarios de la cementera con sede central en Monterrey, Luis Bonales, Ricardo Alessio y Ricardo Camacho, crearon una firma denominada Comercio para el Desarrollo Mexicano, en opción de abrir una ruta hacia la importación de cemento con base en el puerto de Tampico.
La estrategia planteaba el flete de un barco-silo griego de bandera panameña denominado “Mary Nour”, quien atracaría permanentemente en un canal navegable para hacer función de bodega.
El primer envío sería de 27 mil toneladas del producto adquirido en Rusia, que en el papel se venderían 15 dólares por debajo del precio promedio del cemento en México.
El caso es que el navío, fletado en alianza con la firma griega Segur Holdings y la española Tradeland Commodities, que había llegado a las costas del Golfo de México el 27 de julio de 2004, se regresó de donde vino en mayo del año siguiente, sin haber podido descargar un gramo de mercancía.
Peor aún, la penosa odisea le costó a la importadora una carretada de multas, para no hablar de pérdidas sin fin.
De entrada, la tripulación del “Mary Nour” se encontró con la novedad de que no podría anclar en el puerto de Tampico, dado que según ello obstruía un canal navegable que impedía el paso franco de barcos de Cemex hacia una terminal ubicada en los límites de Tamaulipas y Veracruz.
Naturalmente, la firma cementera fue quien planteó la demanda correspondiente, seguida de otra serie para cerrar el paso a la posibilidad de descarga.
A partir de ahí el barco fue objeto de un acoso hostil por parte de la Secretaría de Hacienda, quien de entrada le impuso a los importadores una multa de 11 millones 276 mil pesos “por intento de descarga”.
Más allá, la Administración General de Aduanas le aplicaría una multa adicional de un millón 650 mil… dólares, por haber tramitado el permiso de importación a nombre de otra razón social, es decir Maquinaria, Carros y Camiones.
Y por si le faltaran piedras al camino, hete aquí que los sindicatos de estibadores, controlados por la Confederación de Trabajadores de México, se negaron a descargar la mercancía, aparentemente por consigna de los propietarios de los recintos que les dan empleo, es decir el propio Cementos Mexicanos, Holcim Apasco y Cementos Portland Moctezuma.
La denuncia, desestimada originalmente por la Comisión Federal de Competencia, se planteó en el 2006.
Cuatro años después se emitiría el Oficio de Presunta Responsabilidad.
En el lapso entre el desahogo de pruebas y la sentencia definitiva se le permitió a la cementera plantear sus alegatos de descargo.
Estos, al parecer, no fueron suficientes.
Por lo pronto, sin embargo, Cemex anunció ya que apelará la resolución por todas las vías, es decir presentará, de entrada, un recurso de reconsideración y, de serle desfavorable, recurriría a un amparo.
El desenlace, pues, podría alargarse al menos por un año más, es decir a 10 años casi de la supuesta falta cometida por la cementera.
Justicia a la mexicana.
Colocadas en línea de trinchera las empresas aéreas Aeroméxico, Volaris e Interjet contra la exigencia del juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, de que se le devuelvan a la empresa los slots, es decir sitios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto capitalino, además de las rutas que explotaba, la Cámara Nacional del Aerotransporte ya anunció su intención de recurrir a un amparo.
El anuncio lo realizó el vicepresidente del organismo, Jorge Luis Meza.
Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sólo se haría efectiva la orden del togado cuando haya certeza de que existe un postor para el rescate de la compañía en largo paréntesis de año y medio sin volar.
La paradoja del caso es que en el sainete, mientras el juez señala que el banco Mifel, a quien se le transfirieron 415 millones de dólares para garantizar no sólo el rescate de Mexicana, sino inversiones turísticas del grupo Med Atlántica, ya confirmó la entrega de los recursos, hete aquí que ya volvió a sacar la cara la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) Union Swiss.
La firma, vía sus directivos Fausto Alzati Araiza y Eduardo Ávila Camacho, se reunió el martes en la noche con el juez Consuelo Soto, según ello para confirmar que desde octubre del año pasado tiene 225 millones de dólares “en firme” para rescatar a Mexicana de Aviación.
Según ello la SCT ha desdeñado su opción.
VAN CONTRA VITRO
Como lo anticipábamos, el grupo de fondos “buitre” que mantiene una parte de la colocación por mil 500 millones de dólares de papeles de deuda del Grupo Vitro, apelará contra la resolución de la jueza de la causa de aceptar la propuesta de reestructura de deuda de la firma, cerrando así el concurso mercantil al que había llegado por voluntad propia.
El recurso se colocará en la mesa el 20 de febrero, es decir el último día del plazo planteado por la juez Cuarta de Distrito en Materia Civil y del Trabajo con sede en Monterrey, Sandra Elizabeth López Barragán.
Su reclamo de pago es por el 100 por ciento del valor nominal de los Certificados Bursátiles adquiridos… por más que la compra se realizó en los mercados secundarios, pagándose sólo el 11% de su valor.
