Cuando se habla del sistema de salud colombiano, su sostenibilidad y los cambios en el modelo, poco se escucha acerca de la industria farmacéutica, pese a que en el mundo ocupa una posición estratégica en la economía de muchos países.
En Colombia, la industria farmacéutica genera negocios que superan los $3 billones anuales y se espera a cierre de 2015 un crecimiento por encima del 7%, y algo similar para 2016. Su dinamismo depende de nuestro sistema de salud, que para este año tendrá recursos por $21 billones, según el Presupuesto General de la Nación, de los cuales $4,6 billones corresponden a inversión, una cifra 12% mayor a la destinada durante 2015 para ese rubro.
El dinamismo de la economía y el objetivo de cobertura universal en salud, obliga a dedicar mayor atención a nuestros laboratorios farmacéuticos locales, ya que deberían formar parte estratégica de la actividad económica nacional. El estímulo a este sector puede generar mejoras importantes, que van desde ofrecer servicios de calidad en salud para los pacientes con medicamentos costo-efectivos, hasta impulsar la innovación y preparación necesaria para afrontar los retos que demanda el mercado con productos que cumplan las regulaciones más exigentes. Todo esto nos debería llevar a tener políticas de control de calidad específicas para los productos farmacéuticos importados.
Por lo anterior, conviene tomar como ejemplo los modelos de las entidades regulatorias de Chile (ISP) y México (Cofepris), relacionados con la importación de medicamentos para garantizar su acceso a amplios sectores de la población. En ambos países de la Alianza del Pacífico opera desde hace varios años la exigencia de un control de calidad de ingreso para los productos farmacéuticos importados. Estos controles son realizados por laboratorios autorizados que evalúan las condiciones del medicamento garantizando así que cumplan con las especificaciones que aparecen en su registro sanitario.
Es una especie de doble barrera de defensa ya que respaldan la tarea de vigilancia de la autoridad sanitaria de sus países y rechazan aquellos lotes de productos que no cumplen con lo requerido. Colombia podría seguir los pasos de estos países para fortalecer las medidas de supervisión de los medicamentos que vienen del exterior.
Otra buena experiencia mexicana está relacionada con la expedición de registros sanitarios, solamente a laboratorios que obtengan sus materias primas de fabricantes con plantas de producción propias en cualquier parte del mundo y que sean avaladas por la Cofepris. Esto evita la compra de materias primas a un sinnúmero de intermediarios, asegurando la calidad del producto final y dando así respaldo al paciente tanto por el fabricante local, como por la casa fabricante de la materia prima.
Los escenarios anteriormente descritos sirven para reflexionar sobre la necesidad de endurecer la normatividad existente en nuestro país para la importación de medicamentos y la fabricación de productos cuyas fórmulas son compradas en el exterior, con el propósito de elevar la calidad de los mismos y regular las importaciones. Esto permitiría una competencia más justa y equilibrada entre los laboratorios nacionales y los medicamentos importados.
Como antecedente, el Estado creó una política farmacéutica, definida en el Conpes 155 de 2012, que ha logrado ciertos avances relacionados con el control de precios de medicamentos, dispositivos médicos y la regulación de los biotecnológicos. De acuerdo con el Ministerio de Salud en su Plan Estratégico Sectorial 2014-2018, dicha política ya está siendo reconocida internacionalmente en otras naciones. Por medio de una nueva metodología de referenciación internacional de precios en 17 países, se ha alcanzado la regulación en más de 1.000 medicamentos y una caída promedio de los precios del orden del 40%, según datos de esta Cartera. Además, los ahorros obtenidos en la aplicación de esa directriz ya superan el billón de pesos, los cuales podrán ser reinvertidos en la salud de los colombianos.
Se ha logrado un importante avance en la cobertura de salud al lograr que el 97% de la población (más de 46 millones de colombianos) cuenten con acceso a este derecho, cifra histórica para ese indicador y considerada como una cobertura prácticamente universal. Lo anterior contribuye a que los colombianos más pobres cuenten con mayor acceso a los servicios de salud, para disminuir la brecha social y la desigualdad entre ricos y pobres, como también entre habitantes de zonas urbanas y rurales.
Según estadísticas oficiales, la afiliación en el 20% más pobre de la población pasó de 4% en 1993 a 90% en 2013. Aunque hemos mejorado en muchos aspectos, hay que seguir trabajando para garantizar el acceso de medicamentos de calidad.
En ese sentido, la protección de la industria farmacéutica local cumple un papel determinante dentro del objetivo de mejorar el acceso a la salud.
Con la experiencia y conocimiento que nos dan años de camino recorrido en la industria farmacéutica, hago un llamado al Gobierno nacional para que dé su apoyo a nuestros laboratorios colombianos, brindándoles mayor participación en el plan de desarrollo económico y generando oportunidades de financiación, transferencia de tecnología y fortalecimiento de las exportaciones. Es importante y necesario sacar del anonimato al sector farmacéutico y reconocer la labor que realiza día a día en pro de la salud de todos nuestros compatriotas.
