La revisión y análisis del documento que conocieron los senadores apenas el miércoles por la tarde, mereció incluso el aval de quienes veían en el acuerdo cesiones desfavorables a México, entre ellos los panistas Gina Andrea Cruz y Gustavo Madero, de las comisiones de Relaciones para América del Norte y Economía, respectivamente.No obstante, prevalece entre líderes de opinión la idea de que el gobierno de la 4T esconde lo que cedió en las negociaciones del T-MEC.
La revisión del documento, con la asesoría de expertos del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, reconoce que hay cesiones, como en todo pacto entre partes, que afectan a ciertos sectores pero que en general se inscriben —dice el dictamen aprobado por el Senado— en la estrategia del gobierno para el desarrollo nacional.
El capítulo laboral del T-MEC estuvo a punto de descarrilar las negociaciones modificatorias recientes porque es ahí donde se ubican los sectores más afectados, acaso los promotores de la idea de que se esconde lo que se cedió.
Se trata de los sectores patronal (con la Coparmex a la cabeza) y el del corporativismo sindical al que se sometió al país durante las últimas décadas. Y no tanto por el tema de las inspecciones (que finalmente se sustituyó por paneles de controversias), sino más bien por lo que podría considerarse una nueva gobernanza laboral a la que nos obliga el tratado y a las que, en parte, ya se adecuaron nuestras leyes.
El anexo 23 del protocolo modificatorio del T-MEC exige libertad sindical, lo que quiere decir en términos simples que los trabajadores de cualquier empresa pueden organizarse en dos o más sindicatos, lo que rompe con monopolios sindicales de más de 80 años. De ahí la oposición sorda de centrales obreras como la priista CTM u otras como la CROC y la UNT del ya eterno líder telefonista Francisco Hernández Juárez.
En tanto, el anexo 31.1.1, obliga a las empresas mexicanas al cumplimiento de derechos laborales, si no homologados sí similares. Es ahí donde radica el disgusto de la Coparmex que alega, en su defensa, que perderemos así la ventaja competitiva de ser el país del pacto comercial que ofrece la mano de obra más barata. Estos cambios —loables si se ve en términos de beneficios para el trabajador mexicano— plantean ciertamente problemas a las empresas mexicanas, y al gobierno mismo, para su cumplimiento.
Un ejemplo son las llamadas empresas outsourcing o de subcontratación. Éstas son contratadas por otras empresas para que se ocupen del pago a sus empleados sin que estén obligadas a cumplir con sus derechos laborales. La subcontratación no es una figura reconocida en Estados Unidos, de manera que empresas y/o trabajadores de allá, bien podrían demandar en el marco del T-MEC a las que aquí se manejan vía outsourcing.
El tema no es menor si se toma en cuenta que cinco millones de mexicanos están contratados por outsourcing. En el país, por otra parte, hay seis mil 305 de las llamadas empresas IIMEX (industriales, manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación) que se han desarrollado con el tratado comercial norteamericano y, de ellas, poco más de cuatro mil operan con outsourcing, a las que se suman otras dos mil que lo hacen para el mercado interno.
Recientemente retenida en el Senado, está una iniciativa de ley para regular la subcontratación presentada por el líder minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Pero ahora la regulación de los mecanismos de subcontratación, dejó de ser una reivindicación u ocurrencia del cuestionado y polémico legislador, para convertirse en una obligación contraída con el T-MEC.
Veamos la consecuencia en este escenario posible: si el T-MEC es ratificado en lo que resta del año por los congresos de Estados Unidos y Canadá y, por lo tanto, entra en vigor con el inicio de 2020, México podría estar enfrentando, por el tema del outsourcing, sus primeras demandas laborales —en el marco del acuerdo comercial— el 5 de febrero del año próximo, si no contamos con la regulación correspondiente y nos atenemos al plazo de 35 días fijado en el acuerdo para hacerlo. Ahí es donde se ubica el reto para el gobierno mexicano. ¿Estará en capacidad y listo para afrontarlas en un plazo tan breve?Instantáneas:
1. DEFENSA. Genaro García Luna contrató para su defensa en Estados Unidos a un bufete de abogados del que fue parte el hoy embajador de ese país en México, Christopher Landau. Se asegura que su estrategia se centrará en evitar su traslado a una corte de Nueva York y en promover el pago de garantías para no permanecer en prisión.
2. MINERÍA. En la mañanera de ayer, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, declaró que “no existe una minería buena y una mala” y que por eso la dependencia a su cargo revisa, caso por caso, el cumplimiento ambiental de las empresas. La declaración fue bien vista por la Cámara Minera de México que encabeza Fernando Alanís, al igual que el sector industrial que aplaudió los señalamientos de AMLO en el sentido de que la Semarnat no pretende frenar la actividad económica, sino hacer compatible el necesario crecimiento con la preservación ecológica.
