El futuro del barco de carga Ivy-I, de 76 metros de largo y abandonado desde hace más de dos años en el puerto de Santa Cruz, pasa por acabar en el fondo del mar. Ninguna empresa quiso hacerse cargo de la embarcación durante la subasta convocada por la Autoridad Portuaria el pasado día 3. A partir de aquí se inicia un proceso ya preestablecido según el cual Puertos se convierte en la propietaria formal de la embarcación.
Desde ese momento o bien se procede al desmantelamiento del barco o a su hundimiento. Ayer todas las fuentes consultadas apostaban por esta última posibilidad dado que la primera resulta notablemente más cara. En concreto, el desmantelamiento de un barco de estas características puede suponer un desembolso de alrededor de 50.000 euros. Para las compañías dedicadas a la compra de chatarra no resulta rentable la operación, ni Puertos le saca tampoco beneficio alguno.
Casos similares
En otros casos parecidos se opta por quitar del barco los elementos que resulten contaminantes y luego se procede a su hundimiento a una distancia que normalmente suele rondar el kilómetro y medio de la costa y a unos cien metros de profundidad.
Los efectos de esta operación son positivos para el hábitat marino. En cualquier caso, el Consejo de Puertos celebrado la pasada semana autorizó al presidente de la entidad, Pedro Rodríguez Zaragoza, para que tome las decisiones que estime más convenientes.
En estos momentos son cinco las embarcaciones abandonadas en el puerto tinerfeño, una cifra notablemente inferior a la que se registra en el de Las Palmas de Gran Canaria. En el caso del Ivy-I, la embarcación fue abandonada por sus antiguos dueños, la empresa Transporte Marítimo Santana de Las Palmas de Gran Canaria, a principios del año 2009.
La nave recaló entonces en la dársena de Los Llanos para descargar harina de soja sin que desde entonces haya abandonado las instalaciones del muelle santacrucero. Poco después se pudo comprobar que la embarcación se encontraba escorada y el Juzgado decretó el embargo del buque.
Puertos de Tenerife llegó a imponer una multa de más de 46.000 euros al armador y ante la falta de noticias por parte de sus dueños ,se procedió a declarar el abandono de la propiedad y se abrió el proceso que concluyó con su subasta frustrada por 550.000 euros, el pasado tres de octubre.
En otros casos se ha optado por el desguace de las embarcaciones como ocurrió con el Astrid y el Sirena del Mar, al año pasado. Para acometer estas labores se empleó una partida de casi 100.000 euros. La diferencia es que en aquellos casos los barcos se encontraban en tan mal estado que no resultaba tan complicado desmontarlos como ocurre ahora con el Ivy-I, cuya situación no es tan grave.
